El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil, que será de una cuantía de 198.704.000 euros.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. "Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", ha dicho Pablo Bustinduy. El ministro también ha puesto en valor que esta cifra que se ha prorrogado es la más alta que se ha dado en esta área, aunque ha asegurado que es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria “para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas”.
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.
De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos: el primero de ellos está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social; el segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social (incluye además una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares); por último, existe un tercer programa dotado con 25 millones de euros que se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
El Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios (desglosados en el acuerdo), como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión.
