Yolanda Díaz promete reducir la jornada laboral y terminar con las horas extraordinarias sin pagar. El objetivo del Ministerio de Trabajo es acabar con los abusos en la jornada laboral de millones de trabajadores en nuestro país
La medida estrella en materia laboral de Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo y Economía Social, pasa por la inminente aprobación de la jornada de trabajo a 37,5 horas a la semana sin merma salarial. Ello conlleva otra propuesta, impulsada desde el seno del Gobierno de España, que pretende atajar las horas extra sin pagar. Todo pasa, por tanto, por saber cómo funciona a día de hoy el control horario.
Según los datos aportados este mismo lunes por la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo, en nuestro país se hacen seis millones y medio de horas extraordinarias a la semana, de las cuales la mitad no se retribuyen. "Las horas extra sin retribuir en nuestro país no van a volver a ver la luz por injusticia", ha prometido Díaz.
Pero vayamos por partes. Desde 2019 es obligatorio para todas las empresas registrar debidamente cuántas horas trabajan sus empleados y cómo se distribuyen las mismas. Esta discusión fue motivo de una controvertida polémica judicial, como consecuencia de la disparidad de criterios manifestados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Fue, por ello, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso solución.
Fue a mediados de febrero de este mismo año cuando el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a patronal y sindicatos una nueva propuesta que pretende hacer este registro "más accesible, fiable y transparente. Prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías", que insistió en que "es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto".
A todo ello se le suma que en una entrevista, realizada hace una semana en TVE, la ministra Díaz señaló la importancia de controlar las horas efectivas que se trabajan: "Una cosa más importante será modificar el control horario, su digitalización, de manera que en tiempo real la Inspección de Trabajo conozca las horas que ustedes hacen. La clave está en las irregularidades horarias que tiene España (...) Y esto se va a acabar", declaró la exlíder de Sumar.
En estos momentos, están permitidos los fichajes en papel y en formato telemático. Sin embargo, la intención de la normativa se basa en la obligatoriedad de que "la empresa mantenga un registro diario de jornada, realizado por medios digitales" según el primer borrador de la norma. Pero eso no es todo. También pretende dar acceso en cualquier momento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la base de datos recabados por los aplicativos de control horario, así como a los sindicatos con representación en la empresa.
Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio el registro diario de la jornada de la totalidad de los trabajadores en España. Se deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros, si es considerada leve, llegar a los 7.500 euros, si llega a calificarse como grave. Esto en el caso de que se sancione directamente a la empresa.
Sin embargo, este baremo podría aumentar y situarse entre los 1.000 y los 10.000 euros. Es decir, que cada incumplimiento del registro podría conllevar una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por tanto, si en una empresa se detectan diez incumplimientos, el castigo superará los 100.000 euros.
Fuentes empresariales ya han manifestado sus dudas sobre esta propuesta, dado el tejido empresarial español, en el que la inmensa mayoría son micropymes de menos de diez empleados. "No sabemos el alcance de esta medida ni cómo lo van a llevar a cabo, pero ahora mismo sería imposible llevarlo a cabo". Además, alertan de que sería "un proceso muy largo y económicamente costoso para las pymes, si no el Ministerio no dispone de medidas económicas y temporales que favorezcan esta implantación". También alertan de que según se ha planteado "parece que el único objetivo es recaudar a base de multas más cuantiosas. Por eso no vamos a pasar", concluyeron las mismas fuentes.
Ese es el temor que muestran desde la Inspección de Trabajo (ITSS) ante los planes que ya se preparan en el Ministerio una vez que se apruebe la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Según confirmaron fuentes ministeriales, los técnicos bajo el mando de Díaz ya trabajan en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas.
Sin embargo, «ahora mismo, no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Todavía es pronto». Fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron a LA RAZÓN que la aplicación de un plan especial de actuaciones en este sentido «será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo».
