La Suprema Corte pidió suspender el trámite de amparos relacionados con la prisión preventiva, uno de los temas más polémicos que ha abordado en el sexenio.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este lunes 1 de julio la suspensión de la tramitación de todos los amparos pendientes de resolución en cualquier Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado del país, cuyo tema de fondo sea la validez de la prisión preventiva.
La ministra Lenia Batres confirmó la decisión que se tomó esta noche en sesión privada del pleno de ministras y ministros del Tribunal Constitucional del país, sesión en la que no estuvieron presentes los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo.
De acuerdo con la ministra Batres, se trata de una medida precautoria, toda vez que la Suprema Corte tiene programada resolver varios juicios constitucionales donde definirán los alcances de la prisión preventiva, con respecto a las convenciones internacionales sobre la materia.
En una tarjeta informativa, la ministra Batres precisó que la decisión se tomó para evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos que resulten contradictorios con el criterio general que fijará la SCJN.
Consideró que la decisión permitirá dar seguridad jurídica a las personas que tenían procesos pendientes sobre la prisión preventiva.
A partir de esta decisión, todo aquel asunto que tenga como tema sustantivo el estudio de fondo de las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, debe seguir el supuesto establecido al resolver la contradicción de tesis 293/2011.
En ella se estableció la relación entre las convenciones internacionales en materia de derechos humanos firmadas por México y la Constitución Política de los Estados Unidos.
La medida ocurre mientras el Congreso lleva a cabo una serie de parlamentos abiertos y discusiones sobre la reforma al Poder Judicial que promoverá Morena y aliados en el periodo de sesiones de septiembre próximo, misma en la que se pide la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, así como un organismo de vigilancia hacia los ministros de la Suprema Corte.
