“Otra vez vuelven a la carga”. Con la sensación de herida reabierta, vecinos del barrio de Ciudad de los Poetas (en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca) se organizan de nuevo para impedir la construcción de una residencia privada, 153 plazas de aparcamiento y un vial de acceso. Todo ello en un solar de 2.600 metros cuadrados que consideran “diminuto” para albergar ese volumen de instalaciones, situado además entre bloques de edificios.
Se trata de un futuro centro de Residencias Asistidas S.A., compañía que en este caso opera baja la marca comercial Los Nogales, que lleva intentando ejecutar la operación desde 2005. El empeño pareció caer en saco rato cuando en septiembre de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la viabilidad del futuro acceso al solar por la calle San Gerardo, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Una sentencia que además obligó al Ayuntamiento a asumir los costes judiciales.
Sin embargo, el Ejecutivo municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida ha trasladado a los vecinos que la iniciativa se reactiva, aunque el proyecto pueda sufrir modificaciones, mediante un plan especial aprobado el pasado 13 de junio en la Junta Municipal del Distrito. La validación es ya efectiva, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Ángel Cuéllar, presidente la Asociación Vecinal Poetas-Dehesa de la Villa, relata a Somos Madrid cómo recibieron la tajante noticia hace unos días: “El pasado lunes 24 de junio tuvimos una reunión con el concejal presidente de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, la cual habíamos solicitado con antelación para tratar varios asuntos pendientes del barrio. Apenas comenzado el encuentro, sin haber entrado en ningún asunto, nos dijo tajante y textualmente que la residencia se va a hacer”. Ya han aparecido carteles que indican a los propietarios de los vehículos aparcados en las inmediaciones de la parcela que deben retirarlos antes del 30 de septiembre a causa de las obras.
“Nos han engañado cinco años asegurando que estaban intentando permutar, ofrecerle un nuevo espacio a la empresa para que desarrollaran en él su proyecto. Pero es mentira, nos dicen ahora que el Ayuntamiento no puede hacer permutas con particulares”, lamenta Ángel. Cree que con la maniobra el Gobierno municipal “beneficia a una entidad privada para perjudicar a 260 familias”.
José Luis Muñoz, miembro de la misma organización municipal, se explica en términos similares: “Son ya varios intentos, este es el cuarto. Lo que más nos indigna es que propusimos a la Junta una permuta dándole suelo público a la empresa en otro sitio (incluso presentamos un proyecto de huerto urbano en la zona). La concejala anterior, Loreto Sordo, nos dijo que lo intentaría y que ubicar ahí la residencia era una barbaridad”. Y añade: “Ganamos el Contencioso-Administrativo porque iba en contra del Plan General, ahora disfrutan de una modificación a su medida para poder llevarlo a cabo”.
Si el proyecto se asemeja al que la Justicia tumbó hace dos años, en el solar de 2.600 metros cuadrados se levantará un edificio de tres plantas sobre superficie y dos subterráneas que ocupará “en torno al 60-70% del espacio”, con 153 aparcamientos. Las plazas, dicen los vecinos, se destinarán en parte a visitantes y en parte a alquiler de los propios residentes. “Un negocio encubierto al margen de la residencia, que supondrá un trasiego continuo y arrasará varios jardines, bastante arbolado y una zona infantil”, protesta Ángel. Este periódico ha contactado tanto con la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca como con el área de Urbanismo, sin que por el momento hayan contestado las preguntas trasladadas.
“La explotación daña la zona, los familiares sacarán a los internos a zonas comunes de los vecinos porque no hay más espacios. Va a haber enfrentamientos entre vecinos y usuarios de los geriátricos”, avanza Ángel. “Todo va a quedar agobiadísimo, lo vamos a sufrir tanto los vecinos como las personas ingresadas o la plantilla de la residencia. Sus ventanas estarán a cuatro metros de las nuestras. Es inhumano”, completa José Luis.
A ello hay que sumar la afectación al tráfico y la pérdida de un parque infantil por la construcción del vial de acceso por la calle San Gerardo, así como las molestias del periodo de obras. Y, debido a la cercanía entre el centro residencial y las propias casas, prevén “un infierno” con el ruido y las emisiones que emita la maquinaria de la cubierta. Calculan que sus viviendas podrían devaluarse en torno a un 30%.
Todo va a quedar agobiadísimo, lo vamos a sufrir tanto los vecinos como las personas ingresadas o la plantilla de la residencia. Sus ventanas estarán a cuatro metros de las nuestras
Para José Luis, el proyecto “va a congestionar todo el barrio”, pero la afectación es especialmente significativa en la calle San Gerardo. “Es de dirección única y ahí van a poner el vial. También nos parece una barbaridad la rampa de acceso solar con inclinación del 10%, que hace una L antes de doblar a la izquierda. Justo en ese punto en el que girarán los coches, a unos tres metros, hay un edificio que a esa altura tiene ventanas y hasta una terraza”, añade.
Remarcan además que el terreno es “un espacio privado de uso público”, mantenido durante décadas por los propios vecinos: “Hasta hemos asumido el coste de dos operarios de mantenimiento”, indica Ángel. Precisamente esa atención provocó que José Luis se percatarse de que algo extraño sucedía, antes de que aparecieran las señalas que exigen la retirada de vehículos: “Empezamos a notar un desbroce y limpieza como no veíamos en años, hasta el punto de que se han producido talas que han dejado el solar casi vacío”. En la parcela se encuentra un cedro de más de diez metros de altura que ahora consideran “cercado”.
Ahora la organización vecinal se traslada del cuidado del entorno a la posible oposición judicial y mediante manifestaciones. “En 2019, durante una de las amenazas anteriores, pasamos casi siete meses con concentraciones diarias de lunes a viernes desde las 8.00. Ahí estábamos lloviera, nevara, hiciera calor o frío para evitar que se iniciaran unas obras que sabíamos que luego la Justicia podría detener, como así fue. Más de una vez vino algún operario a hacer algo, y se acababan marchando. Ganamos tiempo hasta la resolución. Estamos dispuestos a hacerlo otra vez”, cuenta José Luis.
“Nos da miedo que por las fechas en las que estamos, con el verano y el barrio a mitad de vecinos, sea más difícil y ellos se quieran poner manos a la obra aun con el periodo de alegaciones abierto”, reconoce. “Es duro para nosotros tener que comunicarlo a los vecinos”, admite igualmente Ángel.
Pese a ello ya han convocado una asamblea informativa este miércoles a las 19.30 cerca de la parcela afectada, entre los números 15 y 17 de la calle San Gerardo (la residencia ocuparía el 11). Servirá para empezar a dar forma a su respuesta, pero también como desahogo ante un proceso que les agota aunque no les doblegue: “Si no fuese tan triste, sería patético”, concluye Ángel. José Luis termina con un aviso: “Tenemos que seguir luchando o nos van a destruir el barrio”.
