El debate sobre la Ley de Pesca que comenzó el jueves último por la comunidad costera Baracoa, en Bauta, involucra a 222 bases pesqueras en 78 municipios cubanos, con el fin de evaluar la aplicación de las normativas y escuchar preocupaciones de los pescadores.
Miladys Naranjo Blanco, viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), explicó en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias que este es un trabajo que desarrollarán durante los meses de julio y agosto y en el cual los pescadores emitirán sus preocupaciones, pues aunque antes de la aprobación de la ley en el año 2019 ocurrieron intercambios, todavía falta comprensión.
El impacto que necesita el país con estas medidas aún no se ha logrado, comentó la Viceministra, hay cuestiones de la normativa que no se aplicaron correctamente y se requiere alinear criterios para lograr mayor producción de pescado.
Entre los temas más sobresalientes que deben enfatizar en los intercambios, la directiva considera que la comercialización del pescado es una de las medidas que fue aprobada en 2022 y que flexibiliza a los pescadores a vender sus productos sin necesidad de estar contratados por una empresa estatal, como se establecía antes, algo que no ha tenido la organización que demandan los momentos actuales.
Se necesita que los que hoy tienen licencia comercial no estatal, los pescadores que son trabajadores por cuenta propia, hagan llegar el pescado de forma ordenada a las propias comunidades pesqueras, a los consejos populares, creando las condiciones viables para lograr el impacto que se necesita, y que en un breve tiempo se pueda afirmar que se cumple el objetivo de llevar ese alimento al pueblo, expresó.
¿Qué esperan de este proceso? Que los pescadores en el país (más de 20 000) puedan contratarse con las empresas pesqueras, pues estas cuentan con recursos como el hielo, las artes de pesca y otros avituallamientos que apoyan la labor que realizan, explicó Naranjo Blanco, y eso no se ha logrado, aunque existen experiencias positivas en algunos sitios específicos de la nación.
Las relaciones de los pescadores con las empresas estatales pesqueras son imprescindibles para ordenar la producción, también les pueden garantizar la seguridad social; «pero si la persona no quiere, precisamos que tengan conciencia de la necesidad y del papel que ellos juegan en contribuir con la alimentación de su comunidad», refirió la Viceministra.
Alberto López Díaz, ministro del Minal, reafirmó en el intercambio que existen más de 20 mil pescadores en todo el país, potencial inmenso que hay que aprovechar en beneficio del pueblo, para producir más pescado. Las medidas de flexibilización que enuncia la ley tienen que corresponderse con el impacto en la obtención de ese producto altamente demandado, señaló.
Llamó a ordenar la comercialización, los precios, a organizar bien la actividad pesquera desde el municipio, debido a la autonomía que le ofrece la Constitución de la República; de esa manera se puede dar una respuesta, desde lo local, para satisfacer las necesidades, y reconoció que los pescadores siempre han respondido.
