El ultimátum de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los empresarios para cerrar el acuerdo de la reducción de jornada a 37,5 horas cuanta con el no preventivo de CEOE y Cepyme, que advierten de que una implantación generalizada y unilateral por parte del Ministerio afectaría a la mayoría de sectores y empresas, ya que a pesar del esfuerzo en reducir la jornada, más del 80% de los trabajadores está todavía casi una hora por encima a la meta marcada. Los sectores que más sufrirían las consecuencias negativas de la medida serían la hostelería, el comercio, las empresas de información, el transporte, la agroganadería y las actividades profesionales.
Desde Cepyme apuntan que las pymes serán las empresas más afectadas «por la caída de productividad y rentabilidad, y por unos inferiores recursos organizativos, así como a la menor presencia del convenio de empresa en este segmento». Lo constatan en su informe «Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme» en el que denuncian que, «de facto, aprobar la reducción de jornada es una subida salarial encubierta y, por tanto, un aumento de los costes laborales, con un mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, aquejadas ya de problemas de vacantes y escasez de mano de obra».
Los analistas de la patronal de las pymes señalan que, teniendo en cuenta el número de ocupados cubiertos por convenios colectivos, con una jornada anual media de casi 1.743 horas, se alcanzarían los 444 millones de horas por semana. De este modo, puede estimarse que una reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas implicaría la pérdida de 12,5 millones de horas por semana, equivalente al 2,8% del tiempo de trabajo total. En el caso de la hostelería o el comercio la situación sería aún más grave, «no solo porque la jornada media de ambas actividades debería reducirse más de un 4%, sino porque tienen a 3,4 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos», incide el informe, que recuerda que en el extremo contrario se encuentra la Administración Pública –junto al sector financiero, seguros y educación–, en los que el tiempo de trabajo medio debería recortarse menos de 1% para alcanzar a 37,5 horas por semana.
Cepyme también cuantifica el monto económico de esta medida. En términos generales, conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar y 30.600 millones que saldrían del valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo, cifrado en términos de afectación a la producción, nuevas contrataciones o el pago de horas extra, pero también «puede derivar en el cierre de pequeñas empresas que se encuentran en una situación ya vulnerable». En total, 42.400 millones.
Pero Cepyme va más al detalle y subraya que el coste, por ejemplo, para el comercio ascendería a 10.379 millones al año, mientras que para la Administración Pública solo sería de 15 millones millones.
La razón que apunta el informe es que los sectores más afectados son los que más trabajadores cubiertos directamente por convenios colectivos tiene con jornadas semanales superiores a las 37,5 horas–el 96,6% en el caso del comercio o el 99,5% en el caso de la hostelería–, mientras que en la Administración esta cifra se reduce al 4,6%. Estos sectores serían los que más horas deberían recortar para alcanzar las 37,5 horas, en el entorno de los 3,2 millones de horas, para un total de 12,5 millones de horas semanales para alcanzar el objetivo comprometido por el Gobierno.
Del total de trabajadores cubiertos directamente por convenios colectivos –con efectos económicos en 2022–, el 76% de ellos se verían afectados al reducir el tiempo de trabajo, aunque si se tienen en cuenta los 18 millones de asalariados que hay en España –estén o no cubiertos por convenio– esta cifra superaría los 13,5 millones. En el caso de los trabajadores que tienen una jornada por encima de las 39,5 horas o más, el porcentaje bajaría al 8% del total.
Por este último dato, Cepyme carga con el Ejecutivo por crear «problemas inexistentes», ya que el porcentaje de trabajadores que están afectados por una jornada cercana a las 40 horas es muy pequeño, unos 925.000.
Tanto las patronales como los sindicatos han vuelto a defender conjuntamente que la aprobación de una medida de este tipo debe hacerse a través de los convenios colectivos, de forma bilateral entre los agentes sociales y al margen del Gobierno. Por tanto, Cepyme insiste en que «si no se ha reducido la jornada en algunos sectores es porque los agentes sociales de las mesas de negociación colectivas han acordado que no se podía hacer, porque hay sectores que requieren de una amplia presencialidad». El informe apunta que entre las 21 ramas de actividad, solo hay cinco en las que más del 15% de los asalariados tienen en convenio un tiempo de trabajo pactado de 39,5 horas por semana o más, «un porcentaje considerable que estaría afectado por la reducción de jornada» y una situación que afectará de una forma más negativa a las pymes «por su menor capacidad de procesar los cambios».
«Que el Gobierno rebaje forzosamente por ley la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales en 2025 elevará los costes salariales de buena parte de las empresas y fomentará, como efecto colateral, el uso de las horas extraordinarias». Así lo advierte Fedea en un estudio en el que apuntan que «esta iniciativa política unilateral» afectará al 67% de los trabajadores, algo más de 14,2 millones de ocupados, o al 74% de los trabajadores protegidos por convenio, todos ellos con jornadas superiores actualmente a las 37,5 horas semanales. Para Fedea, esta medida que quiere implantar al Gobierno con o sin acuerdo social se fundamente en dos «premisas discutibles»: en la necesidad ficticia de aprobar una ley para reducir la jornada laboral y que esta medida eleva la productividad y no afecta a los costes unitarios de producción. Fedea desmonta ambas afirmaciones, porque la jornada española mantiene los márgenes habituales de Europa y porque la negociación colectiva «ya tiene toda la capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad».
