Una posición “incomprensible”, “lastrada ideológicamente”, que ha dejado “mucho que desear”, “claramente decepcionante” y “una especie de burla al diálogo social”. Tras más de seis meses de negociaciones para la reducción de la jornada laboral, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha mostrado este lunes muy crítico con la postura de la patronal, a quien ha acusado de no presentar ninguna propuesta, más allá de “un claro cuestionamiento” de la medida. “Decir que no se puede hacer, negar el objetivo democrático que el Gobierno se ha dado con sus ciudadanos o no hacer ninguna propuesta, que yo ahora no pueda irme a mi casa a leerme ninguna propuesta de la patronal porque no existe tal papel, demuestra una falta de compromiso con el diálogo social”, ha lamentado el número 2 de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Pérez Rey ha recordado que “el Gobierno trabaja para reducir la jornada de las personas trabajadoras de este país” y que, en ese escenario, no contempla intercambiar jornada ordinaria por extraordinaria. “No caben medidas que constituyan una estafa, que reduzcan la jornada sin reducir. Esta es una negociación seria”, ha destacado para descartar “medidas maximalistas, inasumibles y que empeorarían el tiempo de trabajo”. “España tiene un grave problema con las horas extraordinarias. ¿Es serio pedir más horas extraordinarias?”, ha lanzado.
Así las cosas, y pese a que el ministerio deja la puerta abierta a que los empresarios “recapaciten”, Trabajo ha anunciado que seguirá “avanzando de la mano de las organizaciones sindicales para pulir un texto que, cuanto antes, pueda ser remitido a las cortes generales para su aprobación”. “Nos encaminamos a una negociación fallida por parte de las organizaciones patronales”, ha lamentado también el vicesecretario de política sindical de UGT, Fernando Luján, que ha indicado que ni CEOE ni Cepyme “han despejado la incógnita de si quieren aceptar los compromisos de Gobierno con la ciudadanía de reducir el tiempo de trabajo”.
“Nos hemos manifestado a favor de intentar, por todos los medios, que hubiera un acuerdo tripartito para la reducción de jornada”, ha señalado el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Raúl Olmos, pero “las conclusiones de la reunión no apuntan a que vaya a ser posible”. “Estábamos en disposición de alcanzar algún acuerdo, dejándonos alguna pluma en la gatera si era necesario”, ha señalado, en relación a la posible transitoriedad que pedía la patronal en algunos sectores o empresas, pero el portavoz sindical ha lamentado las posturas “muy de máximos” escuchadas este lunes y la falta de un compromiso serio sobre lograr el objetivo final.
Aunque no han marcado una fecha, tanto el ministerio como los sindicatos han mostrado su intención de que el acuerdo, con o sin la patronal, se cierre cuanto antes. “Las organizaciones sindicales nos han trasladado que hay algunos elementos de corte técnico que tenemos que seguir avanzando”, ha indicado el secretario de Estado, que se ha mostrado optimista sobre un futuro trámite en el Congreso. “No solo cuenta con el apoyo masivo de la ciudadanía, como han puesto de manifiesto las encuestas demoscópicas, sino que la primera vez que esta medida se ha situado en el ámbito parlamentario ha contado con un respaldo espectacular, con la abstención del propio Partido Popular”.
En lugar de un texto con medidas concretas, para facilitar el tránsito de las empresas a esa nueva jornada laboral, la patronal presentó este lunes un informe sobre el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Según los cálculos de Cepyme, supondría un coste directo de unos 11.800 millones de euros, además de uno asociado de 42.420 millones y otros 30.600 más por la pérdida de la productividad. Fuentes empresariales señalan que este indicador es “francamente mejorable” y que la jornada media ya está en algo más de 38 horas, gracias a la negociación colectiva.
Pérez Rey también ha respondido a estos argumentos. “Rebajar la jornada dos horas y media en cómputo semanal no puede ser un problema que lo va a destrozar todo. No es creíble”, ha considerado, a la vez que ha señalado que esta medida, que afectará a unos 13 millones de trabajadores, “no es elitista”: “El Gobierno trabaja para que las 37,5 horas las puedan disfrutar las camareras de pisos, quienes están en los supermercados atendiendo las cajas, para los camareros, quienes trabajan en los hoteles, de cara al público, en las agencias de viajes. ¿O es que las personas que trabajan en la hostelería no tienen derecho a una reducción de jornada?”
El Gobierno de coalición se había comprometido a reducir la jornada laboral semanal máxima de 40 a 38,5 horas para este año y a las 37,5 horas para el próximo. Con los trámites necesarios para un anteproyecto de ley y la negociación pendiente con los grupos parlamentarios, los plazos ya van justos para ese primer compromiso. “Tiene que salir este mes, con acuerdo de la patronal o sin acuerdo”, ha reivindicado Luján.
Los ánimos de cara a la reunión de esta tarde ya venían caldeados. Después de que la semana pasada el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijera que pediría que se revirtiera la medida si cambiaba el Gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusaba a la CEOE de estar “con la extrema derecha”. “Solamente Vox y un sector determinado de la patronal están diciendo que esto es muy negativo”, indicó la también ministra de trabajo, quien criticó que los empresarios no hayan presentado ningún texto en la mesa de negociación tripartita. “Hay que tener lealtad institucional y las meses tienen que ser respetadas”, reclamó.
Los líderes sindicales también se mostraron esta mañana pesimistas respecto a un posible acuerdo con la patronal. “No tiene pinta”, señaló el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en una entrevista en TVE, donde reconoció que la negociación “no da mucho más de sí”, tras casi seis meses de conversaciones. “CEOE y Cepyme tendrían que dejar claro si están de acuerdo con la reducción de jornada o no y, a partir de ahí, podríamos establecer una negociación sobre algunos aspectos colaterales, pero muy importantes”, señaló Sordo.
Las organizaciones sindicales temen es que los empresarios estén esperando por si “se encalla un poco más la situación política” después del verano, ha verbalizado Sordo, conscientes de la necesidad de apoyos parlamentarios para sacar adelante la medida, con o sin el apoyo de los agentes sociales. En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó que la patronal esté “mirando por el rabillo del ojo, a ver si hay suerte y no concluye esta legislatura en la fecha prevista”, para evitar culminar con la reducción de la jornada. “Dice que no presenta propuestas porque ya está decidido. ¿Qué es lo que está decidido? ¿Para qué hemos estado todos estos meses sentados en una mesa de negociación? ¿Nos han tomado el pelo o nos ha estado entreteniendo durante este tiempo?”, se ha preguntado.
