Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que se eleve al Tribunal Supremo la querella por presunta revelación de secretos al considerar que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Dos fiscales son investigados por la nota de prensa de la Fiscalía que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
Según han confirmado este lunes a EFE fuentes jurídicas, el letrado de González Amador hizo esta petición ante el juez que investiga la querella el pasado viernes, el mismo día que lo hizo el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que solicitó que se elevara la causa al Supremo ante los “indicios cualificados” que apuntan a Álvaro García Ortiz.
El ICAM justificó su petición, en una nota de prensa, “tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y “ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado”.
Se da la circunstancia de que hace unas semanas, el propio fiscal general presentó un escrito ante el TSJM en el que asumía la responsabilidad “última” de esa nota de prensa y pidió por ello elevar la causa al Supremo, al ser aforado, por lo que la petición del ICAM era algo que ya puso sobre la mesa el propio García Ortiz.
El juez del TSJM Francisco José Goyena investiga en esta causa a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto por supuesta revelación de secretos en el marco de la querella de Alberto González Amador por la difusión de un comunicado en el que desmentía un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña que hacía creer que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y no al revés.
Los fiscales Rodríguez y Salto declararon el pasado jueves ante el magistrado, que investiga si incurrieron en el mencionado delito con la difusión de la nota de prensa en la que se aclaraban algunos extremos del transcurso de la investigación al empresario González Amador por un doble fraude a Hacienda y falsificación de documentos –tres delitos ya reconocidos por la pareja de Ayuso– y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su eventual condena.
