Hoy, Madrid ha endurecido su Zona de Bajas Emisiones, ampliándola a las zonas comprendidas entre la M-30 y la M-40 e impidiendo circular a los vehículos sin distintivo que no estén empadronados en su término municipal. El 1 de julio también marca el final del plazo para que los 151 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes pusieran en marcha áreas de restricción de tráfico similares. Solo hay 19 activas. Según informa la asociación Clean Cities, que aboga por la descarbonización de los núcleos urbanos, 113 ZBE siguen en tramitación «por el desinterés e inacción previa», mientras que otras 20 ni siquiera han iniciado el proceso, cuya obligatoriedad se anunció hace más de tres años. De hecho, las zonas de bajas emisiones iban a ser una realidad en las ciudades a partir del 1 de enero de 2024. Anticipándose a los plazos, el Gobierno decidió aprobar el 27 de diciembre de 2022 un real decreto regulándolas y estableciendo el plazo definitivo para instaurarlas: el 30 de junio de 2024. Desde la asociación señalan que que «la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio. Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos. La utilización político-partidista de medidas que abogan por la descongestión del tráfico debería tener unos límites». La decisión de limitar el tráfico en las ciudades está recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que adapta para España los preceptos de la Ley Europea del Clima de 2021. Los fondos de recuperación post-pandemia venían aparejados a criterios medioambientales y, en relación con la movilidad sostenible, contaban con un presupuesto de 1.500 millones de euros. Ahora, estos fondos están en peligro por culpa de las administraciones locales, aseveran desde Clean Cities. «Las prórrogas, modificaciones o no utilización de estos fondos podrían suponer multas que lastrarían el erario municipal y proyectarían una imagen exterior negativa». «Muchos ayuntamientos han sumido a sus vecinos en la desinformación y en el juego político», acusan desde la asociación ecologista. «Habría que poner en cuestión el verdadero interés con el que se gobiernan algunas localidades españolas». «Esperamos que las advertencias y las multas sirvan para que nuestro municipios avancen en hacia espacios más habitables y saludables, empezando por reducir las emisiones del tráfico y reconfigurar y naturalizar el espacio público», concluyen. Según las cifras de Clean Cities, en España se dan más de 30.000 muertes prematuras provocadas por la sobreexposición a la contaminación. En 2023, más de 33 millones de personas en la UE estuvieron expuestas a unos niveles superiores a los fijados por el Parlamento Europeo para 2030.
