La Comisión Europea ha acusado a Meta, tecnológica propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, de incumplir la regulación comunitaria con su sistema de suscripción , que busca obligar al usuario a escoger entre pagar una mensualidad a la empresa o dar su consentimiento para que puedan usarse sus datos con fines publicitarios cuando navegan por redes sociales. «Nuestra opinión preliminar es que el modelo de negocio de 'pago o consentimiento' de Meta infringe la DMA (Ley de Mercados Digitales, por sus siglas en inglés). La DMA existe para devolver a los usuarios el poder de decidir cómo se utilizan sus datos y garantizar que las empresas innovadoras puedan competir en igualdad de condiciones con los gigantes tecnológicos en materia de acceso a los datos», ha afirmado Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la UE. En la misma línea se ha movido Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva encargada de la política de competencia de la UE, que apunta que, precisamente, el objetivo de la DMA es «capacitar a los ciudadanos para que puedan tomar control de sus propios datos y elegir una experiencia publicitaria menos personalizada». De acuerdo con la normativa europea, que lleva funcionando en todo el suelo comunitario desde hace escasos meses, las grandes empresas de internet, como Meta, tienen la obligación de solicitar el consentimiento de los usuarios para combinar sus datos personales con fines publicitarios. En caso de que el internauta rechace dicho consentimiento, debe tener acceso a una alternativa menos personalizada pero equivalente de la herramienta. Para no poner en riesgo sus ingresos publicitarios en la UE, que representan miles de millones de euros anuales para Meta, la empresa dirigida por Zuckerberg optó por lanzar en noviembre de 2023 dos nuevas opciones para el uso de Facebook e Instagram. Si el usuario quería seguir utilizando las aplicaciones igual que hasta entones, debía dar permiso a la empresa para tratar sus datos y mostrarle anuncios. Pero, además, comenzaba a tener la oportunidad de pagar 12,99 euros al mes para dejar de ver publicidad y, por tanto, que la firma no emplease su información con este fin. Según la Comisión, esta fórmula, en principio, va en contra de la DMA, ya que «no permite a los usuarios optar por un servicio que utiliza menos datos personales pero que por lo demás es equivalente al servicio basado en 'anuncios personalizados'». La única opción que se ofrece es pagar a cambio. Asimismo, Bruselas señala que Meta «no permite a los usuarios ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de sus datos personales». La acusación de la UE es preliminar. A partir de este punto, se inicia una investigación oficial que tendrá su conclusión antes del 25 de marzo de 2025, que es cuando se cumplirá un año desde la apertura del procedimiento por parte de la Comisión. En caso de que Meta sea considerada culpable puede ser multada con hasta el 10% del volumen de negocios total mundial anual. En caso de reincidencia, el coste sería del 20%, y si el incumplimiento se vuelve sistemático, puede ser obligada a dejar de operar en suelo de la Unión Europea.
