Revisando la historia de las empresas públicas en el país, creo que hay no pocos mitos por decantar sobre estas. Uno de ellos es que irremediablemente arrojan pérdidas, además de ineficientes.
En los 70, el Estado peruano llegó a gestionar 174 empresas públicas en diversos sectores. Telecomunicaciones (CPT, Entel Perú), aviación comercial (AeroPerú) operaciones mineras (Minero Perú, Hierro Perú y Centromin), la producción y comercialización de combustibles (Petroperú), ventas por retail de alimentos (EPSA), cadena de hoteles (Enturperú), la comercialización de harina de pescado (EPCHAP) y la lista es más extensa. Desde aquel tiempo ya las pérdidas económicas fueron importantes, así entre 1980 y 1992 (año último en que se iniciaron las privatizaciones) bajo la forma de venta, las empresas estatales tuvieron pérdidas equivalentes al 2,1% del PBI en promedio cada año.
¿Cuál es la realidad hoy? Existen 35 empresas estatales bajo la administración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), incluyendo Sedapal, Electroperú, Córpac, el Banco de la Nación, entre otras. Adicionalmente, habría que agregar a las empresas municipales de agua y alcantarillado y otras empresas municipales.
Mirando en términos agregados, las 35 empresas gestionadas hoy por Fonafe a mayo de este año presentan un resultado operativo de S/5.825 millones y un resultado económico de S/1.754 millones. Ciertamente, estas cifras en azul no son aisladas, dado que estas vienen en positivo desde hace varios años. ¿Qué ha sucedido?
Lo que ha ocurrido es que estas empresas se han privatizado en los hechos. ¿Cómo? Según el Banco Mundial, una empresa pública se privatiza cuando toma al mercado como referente para adoptar sus decisiones; por ello, se reconocen formas de privatización distintas a la venta: asociación de riesgo con inversores, contratos de gestión, entre otras. ¿Y por qué en los 90 se optó por la venta como la única forma de privatización? Por la simple razón que se generaba con ello más ingresos fiscales.
Por otra parte, podría decir con algo de experiencia en la gestión de estas, para que estas sean sostenibles, se requiere la mirada permanente hacia el mercado. También el contar con directores profesionales independientes y aislar a la empresa de cualquier injerencia política en la toma de decisiones.
Estas serían condiciones básicas para que una empresa pública pueda ser correctamente manejada con eficiencia y posibilitar el logro de una rentabilidad sostenible. No perdamos de vista que las empresas estatales no son subsidiadas por el Estado —sino viven de lo que venden— y más bien en la vida real, sus utilidades son transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Debemos señalar además que la economía necesita al Estado en dos situaciones: Para garantizar los derechos de propiedad que incentivan el intercambio, esto es para enfrentar externalidades en general, como también para organizar la provisión de bienes y servicios que, al no ser rentable su provisión, los privados no los ofertarán.
El tema del rol subsidiario del Estado tiene una justificación económica bastante simple: sobre la base de la teoría de la ventaja comparativa, señala que no importa si algún agente puede hacer varias actividades bien, este tiene que dedicarse a aquella actividad que hace mejor que cualquier otro agente. Por ello, si los agentes privados, motivados por el lucro, desarrollan actividades económicas y ofrecen bienes y servicios a la sociedad, no tiene sentido que la administración pública se dedique a esas mismas actividades económicas, compitiendo con los privados. Pero allí donde los agentes privados no encuentren incentivos para ofrecer bienes o servicios, debe ser el Estado el responsable de organizar la provisión de esos bienes o servicios, como una suerte de proveedor de última instancia.
A partir de lo descrito es claro que la empresa pública no es sinónimo de empresa deficitaria; por ejemplo, el Banco de la Nación obtuvo utilidades por US$429 millones en el 2023, con una utilidad proyectada mayor para el 2024. Este resultado contrasta con lo que ocurre en empresas como Petroperú, con pérdidas de US$ 873 millones en el mismo 2023, proyectándose una pérdida de US$716 millones para este año. Se necesitan hoy más de US$2.000 millones para cubrir su desbalance financiero que pierde importante participación de mercado. Ha pasado de tener el 41% a solo el 25%. De esta manera, complica su futura posición financiera.
Finalmente, si consideramos que las empresas públicas operan al interior de un ecosistema y no en una burbuja, entonces —tal como lo refiere el Banco Central—, si se ha reducido la capacidad para cumplir obligaciones financieras por las empresas, por lo cual estas dificultades en el ecosistema son transversales a las firmas, sean privadas o públicas.
En suma, las empresas públicas no son deficitarias por sí mismas. Todo dependerá del manejo técnico de estas mirando siempre al mercado, contando con una indispensable autonomía del poder político. ¿Es factible esto? Yo creo que sí, y todo dependerá de que haya voluntad política para ello.
