Estudiará recursos de los exconsejeros Martínez Aguayo y Fernández y de otros tres condenados
El Tribunal Constitucional (TC) aborda esta semana los primeros recursos de condenados por malversación por los ERE de Andalucía, cuyas ponencias proponen exonerar o reducir considerablemente sus condenas de prisión, un beneficio que podría trasladarse al expresidente de la Junta Jose Antonio Griñán.
A partir del martes, el Pleno tendrá sobre la mesa los borradores que abogan por la estimación total o parcial de los recursos de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano, todos ellos condenados por prevaricación y malversación.
A priori, las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador. De ser así, la sentencia de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) quedaría prácticamente en nada, una vez que el tribunal ya anuló casi en su totalidad el delito de prevaricación.
El TC está revisando la pieza política de los ERE, que juzgó la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
El borrador de la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán, que se ocupa de los doce recursos presentados por los condenados, propone perdonar totalmente el delito de malversación a Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y que actualmente se encuentra en tercer grado.
En síntesis, la ponencia plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz (que incluía las partidas para las ayudas de los ERE) es un acto gubernativo y no administrativo. Sobre esta última premisa, la corte de garantías ya amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, y ordenó a la Audiencia de Sevilla redactar una nueva sentencia que rebaje sustancialmente los nueve años de inhabilitación por prevaricación.
De hecho, éste es el caso que plantea para el exconsejero Antonio Fernández en relación a la malversación, es decir, que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva sentencia con los hechos que acote el Constitucional, lo que supondría una rebaja considerable de la pena. Porque la ponencia de Fernández, condenado a siete años y 11 meses, propone reducir la malversación a los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas que se desviaron a otros fines ajenos a la partida presupuestaria 31-L, denominada «fondo de reptiles».
La corte de garantías ya adelantó que la doctrina de la sentencia de Álvarez respecto de la prevaricación será tomada en consideración para el resto de los recursos, como ocurrirá con las decisiones que adopten con la malversación.
De ello probablemente se beneficiarán los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación por prevaricación) y Jose Antonio Griñán (seis años de prisión por prevaricación y malversación), cuyos recursos serán los últimos que verá el tribunal el próximo 16 de julio.
