La firma de Dina Boluarte en 2021 contra el proyecto minero Tía María, cuando era candidata de Perú Libre, es algo difícil de olvidar para los agricultores del Valle del Tambo, en Arequipa. Aunque es un patrón de conducta de nuestra clase política olvidar sus promesas, la rúbrica de Boluarte está otra vez en la mira y la memoria luego que Southern Cooper Corporation, a través de un comunicado interno del 28 de julio, anunció el reinicio de sus operaciones este lunes 1 de julio.
El presidente de Southern Cooper, Óscar Gonzales Rocha, aseguró en ese documento que las condiciones políticas y sociales están óptimas para que avance el proyecto. Sin embargo, el vocero de los agricultores del Valle del Tambo, Sergio Meza, considera lo contrario y advierte que los pobladores no se quedarán de brazos cruzados.
"Estuvimos realizando algunas reuniones descentralizadas con la finalidad de hacer un paro preventivo, pero ante esta situación nos estamos organizando entre hoy y mañana para tomar algunas acciones sociales y hacer un llamado a los congresistas de esta región, como a Jaime Quito. Otros gremios mañana se estarán pronunciando a fin de ponerle un pare a la empresa porque no queremos entrar en un conflicto social", manifestó.
"Esperemos que no haya imposición. Hago un llamado al Ejecutivo. Dina Boluarte tuvo un compromiso, firmó a favor de cancelar el proyecto Tía María y cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había admitido que ganó Pedro Castillo, ella firmó otro compromiso en una reunión que tuvimos en el Club Apurímac", recordó Meza.
"Tenemos muchos documentos donde se puede visualizar que los candidatos asumieron. Lamentáblemente una vez que llegan al poder se envician. Tienen que cumplir. El compromiso que ella firmó lo hizo cuando fue candidata", añadió Marilú Marroquín, expresidenta de la Junta de Usuarios de Ensenada - Mejía - Mollendo.
Meza, sin embargo, dice que no es la primera vez que la empresa hace este tipo de anuncios y que un comunicado interno filtrado a los medios de comunicación no garantiza que el lunes 1 de julio se retoman las operaciones.
"Hay incertidumbre. Southern siempre ha dicho que arrancaba. Algunos gobiernos lo anunciaban, pero nada. Estamos confiando en la predisposición y la resistencia de la población. Southern sabe que no hay licencia social y quiere manejar un psicosocial", sostuvo Meza.
Marroquín opinó en la misma línea: "Estas publicaciones siempre la saca Southern. En 2019 también dijeron que iban a ingresar a sus predios. Bueno, tienen que entrar a verificar y ver qué trabajos van a hacer. No van a ingresar por encima de la población".
El exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de Cooperacción, José De Echave, manifestó que también tiene serias dudas respecto al comunicado interno. "¿Se ha filtrado o lo han filtrado? Me da la impresión que, conociendo cómo se manejan las cosas al interior de las empresas, que un comunicado se filtre es bien complicado. Una posibilidad es que sea un globo de ensayo porque el manejo de fechas me parece extraño", opinó. "La empresa maneja la hipótesis de que hay menos resistencia que hace años. Me da la impresión que habrá un segundo capítulo confirmando o diciendo que no es así y que los trabajos se han mal entendido", interpretó.
En mayo el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, confirmó que el proyecto Tía María tiene luz verde y que lo único que falta es que la empresa oficialice la fecha para la construcción del proyecto. Es mismo mes, el Grupo México, accionista mayoritario de Southern, envió una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para informar que la empresa tiene los suficientes recursos para la ejecución.
El anuncio interno de la empresa sale a la luz en un mes donde los movimientos regionales y otros gremios proyectan iniciar un paro nacional y protestas contra el régimen de Dina Boluarte. A eso se suma que, según información de la Defensoría del Pueblo, de 209 conflictos sociales en el país, 118 son socioambientales. De ese grupo, 74 casos son por minería.
Tía María es un proyecto minero para el procesamiento de cobre. La zona de operación se encuentra cerca al Valle del Tambo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. El punto de controversia es el impacto que pueda tener en la agricultura y el manejo del agua.
De Echave recuerda que la mitad de la provincia de Islay está concesionada. "Si ese proyecto va, las otras 10 empresas a la expectativa pueden comenzar. La geología manda. Esa zona tiene bastantes recursos de minería. Es un tipo de conflicto similar a Tambo Grande, Conga y Río Blanco. En los conflictos es difícil encontrar un punto intermedio. No hay que olvidarnos que con el proyecto Tía María tres gobiernos fracasaron", advirtió.
