Tanto en los casos de Dina Boluarte como Alberto Fujimori se ha denunciado la violencia desproporcionada por parte de las autoridades y la utilización de términos despectivos para deslegitimar las protestas.
Tras la reciente denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) contra Dina Boluarte, por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad, las similitudes entre la mandataria y el expresidente Alberto Fujimori, con relación a las investigaciones por la violación a los derechos humanos, parecerían ser cada vez más evidentes.
Esto se debería a que las indagaciones a Boluarte y Fujimori Fujimori presentarían parecidos en términos de discriminación y estigmatización, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Ministerio Público del Perú.
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Ante ello, en una entrevista con La República, el abogado penalista Carlos Caro, al ser consultado sobre qué precedentes legales establecidos durante el juicio de Alberto Fujimori, podrían influir en las investigaciones y acusaciones contra Dina Boluarte, respondió que el caso de Alberto Fujimori se fundamentó en la teoría de la 'autoría inmediata por dominio de la voluntad', dentro de estructuras de poder organizadas, según Claus Roxin. Esta teoría permitió su condena por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar.
'El tema central en el caso Fujimori fue la aplicación de la llamada teoría del dominio del hecho por dominio de la voluntad, al interior de aparatos de poder organizado, es decir, la autoría inmediata por dominio de la voluntad. Eso significó de que para el Tribunal no era necesario que Alberto Fujimori haya gatillado el revólver, haya ejecutado el delito. Es decir que este delito que se le imputó y que dio lugar a las condenas por Barrios Altos y La Cantuta se ejecutó a través de terceros, (...) entonces el aparato de poder era el ejército y concretamente un grupo paralelo al margen de la ley que era el Grupo Colina. Entonces la instrumentalización, el uso de este poder en la sombra, vamos a decirlo así: este grupo paramilitar era, digamos, la herramienta que se dominaba para poder realizar estas operaciones (...) ilícitas contra los derechos humanos que dio lugar a los casos de la cantuta y barrios alto. Esa es la razón por la cual fue condenado el señor Fujimori en el año (...) 2000 y luego ratificado por la propia Corte Suprema', sostuvo Caro.
De manera similar, en el caso de Dina Boluarte, se discute la aplicación de esta teoría debido a las violaciones de derechos humanos durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. La Fiscalía y organizaciones de derechos humanos investigan su posible responsabilidad indirecta, actualmente revisada por el Congreso y la Corte Suprema.
'Bueno, eso llevado al caso Dina Boluarte es precisamente uno de los puntos de discusión, en la teoría del caso de los denunciantes, las organizaciones de derechos humanos y de la Fiscalía de la Nación, ese es el punto de elucidad. Como sabemos, este caso está en este momento a nivel del Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que se definan en su momento si es que hay lugar a una acusación contra la Presidenta. Ya la Fiscalía hizo la denuncia constitucional en tiempos de la de la exfiscal Patricia Benavides. Por su lado, sabemos que la Corte Suprema ha ordenado respecto a los no aforados que se entregue la información sobre los planes operacionales que dio lugar, vamos a llamarlo así a la contención de las marchas o las protestas sociales que se produjeron en aquellos días, que me estoy refiriendo a diciembre del 2022, enero del año 2023. Bueno, entonces ahí está el precedente que podría ser trasladado al caso Dina Boluarte y los demás imputados', expresó el letrado Cano.
Asimismo, el letrado Mario Amoretti sostuvo que aunque ambos casos implicarían violaciones de derechos humanos, son hechos diferentes y no existe un precedente directo entre ellos.'A Fujimori, fue denunciado como autor mediato en los casos de la Cantuta y Barrios Altos y fue condenado por asesinato en ambos casos a 25 años. Mientras que Dina Boluarte ha sido denunciada, por genocidio y homicidio calificado por las muertes ocurridas en las protestas y se encuentra en investigación. O sea, son hechos distintos, no hay precedente.
Por otro lado, con respecto al papel que han jugado las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, en las investigaciones contra Dina Boluarte, en comparación con su papel en el caso de Alberto Fujimori. Amoretti indicó qué, 'las agrupaciones han hecho un papel de denunciantes bajo supuesta defensa de los derechos humanos, cuando es todo lo contrario y se oponen a que se investigue a los terroristas infiltrados', sostuvo Amoretti.
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Mientras que Cano considera que los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel crucial en ambos casos. En el caso de Fujimori, el descubrimiento periodístico de La Cantuta y Barrios Altos llevó a investigaciones que requerían análisis forenses, incluyendo pruebas de ADN para identificar a las víctimas. Las ONG de derechos humanos proporcionaron recursos y apoyo legal, promoviendo la defensa internacional y asegurando que los casos se revisaran y sancionaran a nivel nacional.
De manera similar, en el caso de Dina Boluarte, las organizaciones de derechos humanos están aplicando su experiencia y recursos tecnológicos avanzados para investigar las muertes durante las protestas. 'Yo creo que el rol de las organizaciones de los derechos humanos es fundamental para que esta verdad se descubra y se lleve, digamos al proceso y se sentencie como corresponde', declaró el letrado Cano.
Investigación por genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves
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