«Hay diferencias de hasta un 40 por ciento , unos 1.000 euros menos de sueldo al mes, entre un profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria de un ayuntamiento contratado por la administración local y los funcionarios de la Junta de Comunidades», lamenta Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma Servicios Sociales de Castilla-La Mancha . Una «situación de precariedad laboral» que, según denuncia, persiste desde hace más de 15 años, «a pesar de desempeñar funciones equiparables y contar con la misma titulación universitaria». Esta disparidad salarial, sostiene, está reflejada en los convenios de Servicios Sociales de los planes concertados y supramunicipales «carentes de suficiente solidez». En Castilla-La Mancha hay más de 800 profesionales entre trabajadores y educadores sociales, psicólogos y auxiliares administrativos afectados por esta situación en «todos» los ayuntamientos de la región. «Desde el año 2010 -relata- el salario no ha sido objeto de modificación, a pesar de estar garantizado por ley. La Ley de Empleo Público de Castilla La Mancha en su disposición sobre Equiparación Salarial establece el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas a recibir un salario justo y equitativo por su labor, sin distinción entre contratación entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y las entidades locales. Sin embargo, gran parte de los profesionales están cobrando sueldos similares al Salario Mínimo Interprofesional». Una realidad a la que no ayuda la feminización del sector que «agrava aún más» esta situación, «evidenciando una discriminación laboral que desafía los principios fundamentales de equidad», indica. Bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario', el pasado año se creó la Plataforma de Servicios Sociales por la Equiparación Salarial en los Servicios Sociales de Castilla La Mancha, compuesta por más de 500 profesionales entre colegios oficiales de Educación Social y Trabajo Social y el sindicato STAS-CLM, en defensa de sus derechos. Desde este colectivo señalan que, a pesar de las negociaciones iniciadas con la Consejería de Bienestar Social y su Dirección de Acción Social, la falta de una respuesta efectiva está agotando las vías de negociación, llevando a los profesionales al límite de su resistencia». Y avisa: «No se descarta emprender otro tipo de acciones para exigir una solución urgente y justa». La plataforma está cogiendo fuerza ya que está recibiendo el apoyo de los ayuntamientos y mancomunidades de la región. Hasta la fecha, hay firmadas más de 100 cartas y mociones en apoyo a las reivindicaciones de equiparación salarial para este personal. Además, cuentan con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Creen firmemente en el valor de los Servicios Sociales en Castilla la Mancha y lo que aportan a las personas y a la sociedad, pero «la situación de precariedad laboral» de sus profesionales «no puede continuar» . «No solo afecta a su estabilidad económica, sino también pone en riesgo la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía». Por ello, exigen a la Junta de Comunidades un «trato justo y digno» acorde con el resto de personal de contratación directa con la Junta, tanto a nivel de remuneración como de condiciones laborales. Lamentan que los profesionales se enfrentan cada día a más burocracia, más certificaciones de situaciones que nada tienen que ver con su sistema de Servicios Sociales: Ingreso Mínimo Vital, órdenes judiciales de lanzamiento por impago de alquiler, empleo… en vez de «dedicarnos a la intervención social técnica basada en el acompañamiento personal». «Los profesionales están colapsados de trabajo, abandonados por la Consejería de Bienestar Social, quien sobrecarga a los ayuntamientos, organismos que sostienen gran parte de los Servicios Sociales y genera una brecha salarial en sus profesionales», cocluyen.
