La sociedad exige al sector público que sea ágil y eficiente, retos exigentes en un mundo en constante cambio. El uso de la inteligencia artificial en las distintas administraciones está permitiendo mejorar su eficacia y eficiencia y tiene un impacto muy positivo para agilizar trámites, en materia de personalización o para acercar la administración al ciudadano. Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública resaltan que la implantación de la IA en el sector público es uno de los ejes fundamentales de su Estrategia de IA 2024. «El objetivo es impulsar la IA en el sector público no solo para mejorar los servicios a los ciudadanos, sino también como catalizador del cambio en el sector privado, desarrollando casos de uso y un laboratorio de innovación en la Administración General del Estado (AGE)». Son conscientes que su uso, al igual que el de otras tecnologías, puede ayudar a mejorar la AGE de cara al ciudadano : personalizando servicios, permitiendo una comunicación fluida y simplificando la relación con la administración. «Esto ya está teniendo un impacto positivo en áreas como la justicia, la educación o la sanidad», subrayan. Manuel Márquez, socio responsable de Consulting para el Sector Público de EY, asegura que la administración pública española está explorando el potencial de la IA en diversos ámbitos y vertientes, desde un enfoque ético y progresivo. «Se encuentran en marcha multitud de iniciativas aún a pequeña escala, pero con enorme potencial, que permiten garantizar un uso limitado y controlado de la tecnología», asegura. Y si nos fijamos en la situación del resto de países europeos, «España parte de una posición privilegiada como pionera en la apuesta por el uso de estas tecnologías en el sector público», subraya Luis María Bautista, socio de Consulting para el Sector Público de EY. «Destaca nuestra posición como punta de lanza de Europa en crear la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) , que tuvo lugar antes incluso de la aprobación del Reglamento Europeo de IA, un potente 'think tank' que será responsable de garantizar el cumplimiento de este reglamento, analizar riesgos y decidir dónde se ponen los límites en el ámbito de la inteligencia artificial en nuestro país». Precisamente Javier González, director de Sector Público en IBM, hace referencia a dicha regulación que «exige de una manera muy específica una gobernanza de los modelos de IA que se van a aplicar en distintos casos de uso». Esto hace que se vaya a necesitar un modelo de gobernanza tanto a nivel organizativo, como de procesos y herramientas específicas. «Todo ello implica un trabajo muy relevante dentro de las organizaciones», añade. Cree que más allá de los casos de uso puntuales que han puesto en práctica algunas organizaciones, «la clave es contar con unos cimientos sólidos, donde la gobernanza ocupe un papel esencial, para, de esta manera, poder escalar como organización». En este sentido, recuerda que no existen organismos ya transformados al completo. «La transformación vendrá, pero su éxito dependerá en gran medida de contar con esos cimientos que soporten la gestión de este tipo de proyectos», puntualiza. González recuerda también que este último año ha sido de exploración tecnológica y el aumento de las capacidades de la IA ha democratizado mucho su uso, poniéndola al alcance de todos los ciudadanos. «Los organismos, tanto públicos como privados, han vivido esta fase marcada por la experimentación y de exploración tratando de evaluar el valor que esta tecnología les puede aportar», matiza. Cree que poco a poco los responsables de tecnología comienzan a darse cuenta del valor, pero al mismo tiempo, comienzan a reconocer qué desafíos tiene la IA. El uso más generalizado de la IA en el sector público pasa por una mayor inversión en infraestructuras, así como que éstas «sean abiertas, transparentes y accesibles. Es precisamente lo que se pretende hacer con el desarrollo de la familia de modelos fundacionales que estamos desarrollando desde el Gobierno y que hemos llamado ALIA », indican fuentes del Ministerio. ALIA se centra en modelos de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales, con un enfoque en transparencia y trazabilidad. «Estos ejercicios son claves para que se extienda el buen uso de la IA. Además, hay que complementarlo con una inversión en infraestructuras potente, algo que estamos haciendo a través del refuerzo de la inversión en supercomputación mejorando el MareNostrum 5 y adquiriendo un nuevo clúster especializado en IA con una inversión de 90 millones de euros, previsto para entrar en funcionamiento en 2025», añaden fuentes ministeriales. La consultora EY resalta los logros conseguidos en materia de IA por los distintos ministerios y consejerías de comunidades autónomas. «Esta tecnología está convirtiéndose en palanca fundamental para dos ámbitos: la mejora de los modelos de atención a la ciudadanía y la dotación ágil de ayudas y subvenciones, repercutiendo de manera directa y muy positivamente en la mejora de la calidad de vida y estado de bienestar de la ciudadanía», indica Luis María Bautista. Asimismo, de forma vertical, los ámbitos o sectores donde más se ha avanzado en la incorporación de soluciones basadas en IA «son en materia de Empleo, Seguridad Social y Justicia», añade. En Justicia, para la extracción de datos de las demandas y su incorporación al sistema de tramitación, reduciendo tiempos e incrementando la eficiencia de la gestión judicial. En Empleo, para mejorar la satisfacción del usuario en el uso de servicios públicos digitales y de la gestión de demanda activa de trabajo. Y la Seguridad Social está realizando una apuesta por mejorar en el modelo de atención a la ciudadanía. Márquez habla de las mejoras significativas que ya se están sintiendo en distintos ámbitos de la administración pública, «permitiendo agilizar e incrementando la eficiencia de las gestiones más habituales en el día a día del ciudadano». Por ejemplo, el uso de técnicas de IA para la lectura de documentos y extracción de datos , «avanzando hacia un marco común sin que mermen las garantías en materia de protección de datos y ciberseguridad y, por otro lado, haciendo uso de tecnologías de IA generativa para mejorar la atención ciudadana, minimizando la solicitud de datos a los ciudadanos o empresas, personalizando los instrumentos de notificación e incorporando tecnologías de IA». Además, desde un punto de vista de gestión interna en la administración, la IA ofrece herramientas que permiten mejorar la eficiencia y productividad en el puesto de trabajo para los trabajadores. «Al igual que está pasando en el sector privado, en los próximos años veremos una transformación en los modelos de atención de las administraciones, haciendo un uso extensivo de estas tecnologías», matiza. La UE también tiene clara la apuesta por la inteligencia artificial y ha analizado casos de uso concretos que han ayudado a mejorar la interoperabilidad del sector público. Entre dichos casos que destaca Bruselas se encuentra una herramienta desarrollada por la Administració Oberta de Catalunya (AOC) que automatiza el proceso de verificación de datos de los informes de pobreza energética mejorando la interoperabilidad entre las empresas, los municipios y otras administraciones. Los informes de pobreza energética, elaborados mensualmente, sirven para acreditar la vulnerabilidad económica de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial para evitar posibles cortes de suministro de electricidad, gas y agua potable por falta de pago. «Actualmente, el proceso de verificación de datos es manual, muy complejo, lento y carece de estandarización», indica Miquel Estapé i Valls, subdirector de Innovación de AOC. La herramienta desarrollada por este organismo «es un sistema de automatización de procesos complejos basado en IA, que utiliza tecnologías de automatización de procesos robóticos (RPA) y modelado de procesos (BPM)». Gracias a esta herramienta han conseguido « un éxito superior al 90% en la identificación de las personas en situación de pobreza energética de las que disponemos el consentimiento para realizar el proceso automatizado ». Además, «genera significativos ahorros de tiempo y costes administrativos en la gestión de las verificaciones para acreditar el riesgo de exclusión social», resalta Estapé i Valls. Reconoce que el proyecto es complejo tecnológicamente, y las grandes dificultades han sido principalmente organizativas y jurídicas, como la falta de definición de los estándares de intercambio de datos, que faciliten la gestión eficiente. Desde AOC recuerdan que «los algoritmos de IA no son muy inteligentes: necesitan de mucho entrenamiento, control, supervisión humana y adaptación a los cambios». Además, los algoritmos de IA son un medio, no un fin. «Lo más importante es detectar dónde tenemos un problema de ineficiencia en la gestión pública y después evaluar cuál es la mejor solución, que puede ser un algoritmo de IA», explica el subdirector de Innovación de AOC.
