Jorge Montoya entregó documento a la Fiscalía, pese a que Tribunal Constitucional había anulado la moción que creó la comisión investigadora presidida por el parlamentario.
El congresista Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia, ha entregado a la Fiscalía un informe sobre presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2021, donde Pedro Castillo resultó vencedor. Informe documentaría y analizaría detalladamente diversas irregularidades que podrían tener implicaciones penales y que, por lo tanto, ameritarían una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público.
"Es necesario precisar que el mencionado informe recoge de manera documentada y detallada todas las incidencias del proceso de elecciones generales 2021, conteniendo el análisis de las diversas irregularidades denunciadas contra el organismo electoral nacional, alguna de las cuales tendrían contenido penal, constituyendo noticia criminal que el Ministerio Público deberá evaluar y proceder conforme a sus competencias constitucionales”, señalaría el documento enviado al titular del Ministerio Público.
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El documento entregado por Montoya ha sido producto de una comisión investigadora que él mismo presidió entre 2021 y 2022. Dicha comisión fue inicialmente creada mediante una moción en el Congreso, pero sus resultados fueron archivados por mayoría en el Pleno y, posteriormente, la creación de la comisión fue declarada nula por el Tribunal Constitucional en 2023.
Uno de los puntos clave del informe del congresista es el testimonio de Salatiel Marrufo, exfuncionario de confianza de Pedro Castillo. Marrufo, en su calidad de colaborador eficaz, habría declarado que existieron coordinaciones desde Perú Libre para influir en las decisiones de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el parlamentario, estas declaraciones corroboran las conclusiones de la comisión investigadora, señalando una posible manipulación en el proceso electoral.
Un ejemplo concreto citado en el informe sería la decisión del Pleno del JNE de ampliar el plazo para recibir impugnaciones contra las actas de sufragio hasta el 11 de junio de 2021. Montoya argumenta que este cambio fue arbitrario y favoreció a una de las partes involucradas en la contienda electoral, lo que, según él, podría ser indicativo de un "contubernio y negociación".
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Frente a la remisión del informe a la Fiscalía, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, habría emitido un comunicado recordando que la moción que dio origen a la comisión de Montoya fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Asimismo, enfatiza que el informe nunca fue aprobado por el Pleno del Congreso y que, según el fallo del Tribunal, la creación de la comisión fue inconstitucional debido a vicios en el procedimiento parlamentario, incluyendo la falta de la mayoría requerida de votos.
De igual forma, en su sentencia 321/2023, el Tribunal Constitucional determinó que la moción creadora de la comisión no cumplió con el requisito del 35% de votos del Pleno, lo que invalidó todo el trabajo realizado por dicha comisión. Salas resalta que, además, el informe de la comisión no habría llegado a concluir la existencia de un fraude electoral.
Además, habría reafirmado su posición de que no ha habido confabulación alguna para beneficiar o perjudicar a ninguna organización política o candidatura. Este conflicto ha puesto en relieve las profundas divisiones y desconfianzas que persisten en el sistema político del país.
