Este 1 de julio se desarrollará la primera audiencia del caso Cócteles, donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deberá presentarse, al igual que los otros 48 acusados,para responder por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Esta sesión se llevará a cabo en la sala número 1 de la sede "Carlos Zavala Loayza", al lado del Palacio de Justicia.
Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional tendrán una ardua labor durante estos dos días, para cumplir con todos los requisitos que permitan desarrollar el juicio en las mejores condiciones para la fiscalía y la defensa.
Se debe precisar que el juicio propiamente dicho no iniciará este lunes. Las audiencias del 1 y 2 de julio, los jueces Mercedes Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias verificaran que todos los 48 acusados estén presentes y cuenten con sus respectivos abogados, para asegurar el derecho de defensa. Además, que hayan sido notificados de la acusación y que tengan claro los hechos por lo que serán juzgados.
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En este caso, Keiko Fujimori como los 48 investigados deben estar presentes en la sala de audiencias de forma obligatoria. La verificación de los datos antes mencionados puede durar unas horas o días. El tribunal prevé una situación compleja y por eso programo dos días, pero podría no presentarse ninguna complicación y el juicio comienza de inmediato.
Si bien la investigación y la acusación trata de los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, cada acusado debe responder por un hecho o acto concreto, que ocurrió en determinado lugar, ciudad, edificio o calle y en un momento, fecha, día y hora, si es posible.
Los hechos o actos de este caso son los cócteles, cenas y reuniones de captación de fondos que realizó Fuerza Popular el 2011 y 2016; los depósitos a cuentas bancarias realizados por aportantes sin recursos económicos o considerados falsos, los aportes no contabilizados y declarados de la constructora Odebrecht, del Grupo Credicorp, del Grupo Rassmuss, de la Confiep, del Club de la Construcción y otros empresarios. Además, presuntos hechos de obstrucción a las labores de la fiscalía, en la fiscalía y el Poder Judicial.
Si uno de los acusados, logrará demostrar que no ha sido notificado de la acusación o qué no sabe de qué lo juzgaran u otra irregularidad, el tribunal no podrá iniciar el juicio, hasta que estos puntos sean aclarados o se cumpla de manera cierta con el trámite.
El fiscal José Domingo Pérez estuvo a cargo de la investigación y ahora formalizará la acusación y presentará las pruebas, testimonios y documentos. Según lo manifestado por el Ministerio Público, bajo el conocimiento de Keiko Fujimori, Fuerza Popular habría coordinado la entrada de grandes sumas de dinero de procedencia desconocida a las cuentas de Fuerza Popular, para luego utilizarlas en beneficio propio y de la cúpula de Fuerza Popular.
Una de las formas, según la Fiscalía, en que se habría lavado el dinero sucio o de dudosa procedencia es el "pitufeo". Este es sistema universal que consiste en mover o introducir grandes cantidades de dinero en el sistema bancario o en una cuenta bancaria determinado, pero con depósitos de montos pequeños, que buscan no llamar la atención.
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El proceso judicial podría extenderse hasta dos años, según precedentes de casos análogos. En este sentido, es posible que el veredicto se emita antes, durante o después de las elecciones de abril de 2026. En caso de que Keiko Fujimori decida postularse nuevamente a la presidencia, tendría que compaginar su asistencia a las audiencias con las actividades de la campaña electoral.
Dada esta circunstancia, la Fiscalía podría solicitar establecer nuevas condiciones dentro de su actual situación procesal para garantizar su presencia continua en el juicio. Esto podría incluir, potencialmente, la solicitud de prisión preventiva, dada la complejidad anticipada del caso.
La Fiscalía ha presentado más de 5,900 evidencias, incluyendo testimonios, documentos, correos electrónicos y grabaciones, para demostrar la implicación de Keiko Fujimori y sus 41 posibles cómplices, junto con la participación de Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. La decisión final sobre estas pruebas y la culpabilidad de los implicados recaerá en los jueces.
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En 2016, la Fiscalía de Lavado de Activos, bajo la dirección del fiscal Germán Juárez Atoche, investigaba el caso Cócteles. En 2017, la responsabilidad pasó al fiscal José Domingo Pérez, quien ajustó el caso a la ley de organización criminal.
El traslado del caso al Equipo Especial se debió a un hecho significativo: la aparición de una anotación de Marcelo Odebrecht mencionando el aumento de "500" a Keiko Fujimori.
Este descubrimiento situó la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular en el contexto del caso Lava Jato en Perú, centrado en la empresa Odebrecht, la cual pagó millones de dólares en sobornos y financió a políticos para obtener beneficios posteriores.
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Hallazgos adicionales revelaron aportes de Odebrecht y otras empresas, como las del Club de la Construcción, y firmas de distintos gremios, entre ellas la liderada por Dionisio Romero y Leche Gloria de Vito Rodríguez, a la campaña de Keiko Fujimori.
El punto relevante o discutible en este caso es que dichos montos no fueron debidamente declarados ante las autoridades. El fujimorismo, dice la fiscalía, ocultó la procedencia del dinero y organizó un esquema de falsos aportantes para disimular el origen de los fondos.
