“El pacto corrupto está instaurado. No basta solo denunciarlo. Es tiempo de actuar. La esperanza es un deber”.
Vivimos un momento aciago para el país. Con un deterioro permanente de nuestra ya precaria institucionalidad democrática, en medio de una crisis económica que afecta a millones de peruanos y peruanas que viven en situación de vulnerabilidad o pobreza. La desconfianza impera e inunda todos los ámbitos de la vida social, volviendo casi imposible la construcción de redes sociales, de pactos políticos o de coaliciones electorales que no sean fruto de la concertación de intereses subalternos, sino, por el contrario, que pongan por delante el interés común.
Pero es justamente frente a esta situación que se vuelve imperativo poner todos los esfuerzos posibles para generar encuentros que reconstruyan la confianza, que aplaquen el desasosiego y sean el germen a una nueva esperanza. No hacerlo es rendirnos ante las fuerzas que gobiernan hoy con un pacto de impunidad. A la coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, que se ha hecho de las principales instituciones y ha desbaratado las principales reformas en curso, hay que pararla y solo será posible con un pacto de unidad de fuerzas democráticas, de izquierda y progresistas.
Hace una semana, desde más de veinte regiones del país, cientos de ciudadanos y ciudadanas –hasta donde entiendo más de ochocientos– han suscrito un pronunciamiento titulado “la urgencia de un pacto de unidad” denunciando la estrategia en curso de Boluarte y sus socios en el Congreso que, interesados más en burlar a la justicia y copar las instituciones del Estado, descuidan los verdaderos intereses de las grandes mayorías.
Lejos de hacer frente al incremento de la pobreza, la ralentización de la economía y el hambre, Boluarte y su gobierno únicamente responden a intereses corporativos y mercantilistas. No nos equivoquemos, como señala el pronunciamiento antes citado, no estamos ante un gobierno de cambio que respete la voluntad popular. Estamos ante el gobierno de quienes perdieron las elecciones, que se hicieron del poder a través de un pacto de impunidad impuesto de manera violenta, que cobró la vida de decenas de compatriotas y que tiene a Dina Boluarte como fachada.
Quienes suscriben el pronunciamiento piden abiertamente a organizaciones sociales, de base, a gremios, sindicatos y a organizaciones políticas democráticas, de izquierda y progresista que inicien un diálogo para hacer frente a la colación autoritaria que estando hoy en el gobierno busca perpetuarse en el poder.
Un diálogo con una agenda de corto plazo, con mínimos que enfrenten las demandas más urgentes del país. Abordando la necesidad de generación de empleo digno, productivo y bien remunerado, impulsando una verdadera diversificación productiva, con una política de redistribución que reduzca la inequidad sobre la base de un sistema fiscal justo. Haciendo frente a la inseguridad ciudadana que acosa cotidianamente a quienes honestamente buscan salir adelante, fruto del crecimiento de las economías ilegales, que encuentran terreno fértil en un país dominado por la corrupción y la impunidad.
Una agenda que aborde la tarea imperativa de la igualdad plena, que enfrente la discriminación por el color de la piel, estatus social, lugar de nacimiento, sexo, género, orientación o identidad sexual. Que defienda los derechos humanos en su integralidad, los políticos, sociales, culturales y económicos. Que encuentre la potencialidad de nuestra diversidad, dando cabida a pueblos originarios y comunidades campesinas a tomar decisiones sobre sus territorios y vidas.
En suma, una agenda que abra las puertas a un nuevo pacto social.
Este llamado hace eco de voces muy diversas. Ha sido suscrito por dirigentes sociales como Teresita Antazú, líder indígena Yanesha, Luisa Eyzaguirre, una de las principales figuras del Frente de Defensa del Agua, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Leddy Mozombite de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar o Leonela Labra, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
Por intelectuales como Eduardo Ballón, Cecilia Méndez, José Luis Renique, Narda Henríquez o Maruja Barrig y feministas destacadas como Gina Vargas, Carmen Espinoza, Diana Miloslavich o Cecilia Olea. Así como figuras políticas nacionales y regionales, entre las que destacan Congresistas y excongresistas como Indira Huilca, Gloria Montenegro, Susel Paredes, Rocío Silva Santisteban, Claudia Coari, Mirtha Vásquez, Ruth Luque o Alberto Quintanilla. Exgobernadores regionales como Mesías Guevara y dirigentes políticos como Aída García Naranjo, Manuel Guerra, Ibis Fernández, Roberto Rodríguez Rabanal, Manuel Ato o Cecilia Israel.
Dina Boluarte ha instaurado en alianza con las fuerzas de derecha más rancia en el Parlamento y con Perú Libre una dictadura congresal. Sin ningún tipo de vergüenza, se ha reformado la Constitución al antojo del bloque de poder autoritario para garantizar su continuidad, buscando cerrar las puertas institucionales a las justas aspiraciones de transformación social que hay en nuestro país.
No sirve ya solo denunciarlo. Es tiempo de actuar. De empujar a quienes tienen hoy pretensiones electorales a que miren al país y sus urgencias, que dejen de lado la aspiración individual y tiendan puentes de encuentro programático que permita dar paso a coaliciones que hagan frente, con coraje, al bloque autoritario que se ha conformado. La esperanza es un deber.
