Te escribo desde Barcelona. Desde ayer estamos en la Plaça de Catalunya, con nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Si puedes, anímate a venir: nuestro programa de hoy es estupendo –yo estaré por allí desde las 9:30 de la mañana–. Y si estás lejos de Barcelona, también puedes seguir nuestro festival a través de la retransmisión en vídeo.
Esta semana ha sido intensa. El martes, estuve en el Congreso de los Diputados, en la comisión de reformas democráticas, para hablar de la desinformación –puedes ver mi intervención aquí–. El jueves, participé en el Foro de la Nueva Comunicación, donde de nuevo defendí algunas de las ideas que presenté ante el Congreso –aquí mi conferencia–. Y ayer viernes, lo más divertido de la semana, empezó nuestro festival: con un encuentro con socias y socios de elDiario.es en Barcelona –junto a mis compañeras Olga Rodríguez y Neus Tomàs–, el humor de Mongolia y, por la noche, un concierto de Sidonie.
No ha sido tampoco una semana tranquila en lo informativo. Con cinco años y medio de retraso –casi nada– el PP se animó al fin a cumplir con la Constitución: llegó el esperado acuerdo con el PSOE y Sumar para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si no hay sorpresas de última hora, el 23 de julio terminará del todo el bloqueo de la Justicia. Subrayo lo de las sorpresas, porque las hemos visto ya: en 2018, la filtración de un mensaje de whatsapp de un senador del PP, que presumía de “controlar la Justicia desde detrás”, hizo volar por los aires el primer intento de renovación.
Ya me conoces: el tema de la Justicia es una de mis obsesiones. Es un mundo opaco y complejo que creo que es imprescindible explicar. No se entiende la historia reciente de España sin contar qué ha pasado en ese órgano, el famoso CGPJ.
El Congreso y el Senado eligen al CGPJ, por mayoría de tres quintos. Y después este consejo decide los nombramientos al Tribunal Supremo y otros puestos importantes de la judicatura; también por mayoría de tres quintos entre los vocales. El CGPJ no pone sentencias, pero escoge a qué jueces promocionar.
Es un sistema plenamente legítimo y democrático. Desde luego, con una intervención menos directa de la política que la que se aplica en otros países. En Alemania, por ejemplo, a los jueces federales los nombra el ministro de Justicia, junto con una comisión parlamentaria. Y en Estados Unidos, a los jueces del Supremo los elige a dedo cada presidente y son puestos vitalicios.
El español es un buen sistema, con contrapesos, que la derecha ha pervertido: al secuestrar con bloqueos este órgano constitucional. Y también al ponerlo en entredicho cuando no eran ellos los que tenían la mayoría. Lo mismo que hacen con todas las instituciones democráticas.
Hay unos datos que lo resumen muy bien. El PP ha gobernado España más o menos la mitad de las últimas tres décadas: 14 años y medio frente a 15 y medio del PSOE –la última etapa, en coalición con Unidas Podemos y Sumar–. Pero en estas mismas tres décadas, desde 1994, la derecha ha tenido la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial durante 23 años, frente a 7 de la izquierda. Esto ha pasado por una sola razón: los sucesivos incumplimientos del PP a la hora de renovar el CGPJ en los plazos a los que obliga la Constitución.
Este bloqueo ha sido el último y el más largo: el mandato es de cinco años, y se han quedado diez y medio. Pero no es la primera vez que pasa: ha ocurrido otras dos veces más. Gracias a esta estrategia filibustera, la derecha ha conseguido alargar casi una década sus mayorías en este órgano, un poder que no les correspondía porque lo habían perdido en las urnas, que es de donde nace la legitimidad de todos los poderes del Estado. También de la Justicia, que “emana del pueblo”, según dice de forma muy clara y contundente la Constitución.
Los bloqueos del PP han tenido, en última instancia, una única intención: colonizar de jueces conservadores los tribunales más relevantes, empezando por el Tribunal Supremo. Para eso se aplicaba una ley del embudo muy peculiar: cuando la mayoría era de derechas, el CGPJ funcionaba a pleno pulmón, sin crítica alguna sobre su “politización”. Durante los años de Aznar y de Rajoy, el PP incluso rebajó las mayorías dentro del consejo para los nombramientos: valía la mitad más uno para ascender a un juez al Supremo hasta su jubilación, en vez de los tres quintos habituales. Durante años, la derecha pudo así cubrir cada vacante del Supremo sin necesidad de pactar con el sector progresista. Pero cuando las mayorías en el Congreso cambiaron, el mismo modelo parlamentario para nombrar el CGPJ ya no era bueno: eso era “politizar la Justicia” –una acusación que solo existe cuando le toca mandar a la izquierda–.
Hay un dato clave: la ley del Poder Judicial que el PP durante cinco años y medio se ha negado a cumplir era la que reformó con mayoría absoluta el Gobierno de Rajoy. En el preámbulo de esa ley orgánica –insisto, redactada por el PP sin consenso alguno– se elogia la importancia del Parlamento y de “la soberanía popular” en la elección de esos vocales. Una soberanía que solo debe ser relevante cuando el pueblo vota a la derecha, y no al revés.
Siempre fue el mismo el objetivo: controlar la Justicia desde detrás. Y lo lograron. Basta con ver qué ha pasado, por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la importantísima Sala de lo Penal de la que tanto hablamos: la que juzgó el procés, la que intentará retrasar la aplicación de la ley de amnistía, la que condenó los ERES con una sentencia ha sido anulada como inconstitucional, la que imputará al fiscal general por desmentir un bulo sobre la pareja de Ayuso… En 1995, tras doce años de mayorías parlamentarias del PSOE, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había 7 magistrados progresistas frente a 6 conservadores. Hoy el dominio de la derecha es aplastante: 11 a 4 a su favor.
Esta y no otra fue siempre la razón de los distintos bloqueos del PP a la renovación: garantizarse un rodillo conservador en los juzgados más importantes de España. Es una evidencia empírica: siempre que el PP pierde el Gobierno, se atrinchera en el CGPJ. Siempre. No ha habido en la historia reciente ni una sola excepción.
¿Y qué ha cambiado ahora para que el bloqueo se haya roto? ¿Por qué el PP ha aceptado renovar a ese CGPJ que llevaba más de un lustro caducado?
Hay tres motivos fundamentales.
El primero, la presión de Europa. Fue el PP quien pidió la intermediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, en la negociación entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el diputado del PP, Esteban González Pons. Y en todas esas reuniones –también en sus intervenciones públicas– Reynders apretó. Es un político liberal, se supone que más cercano al PP que al gobierno. Pero incluso él ve que es inaceptable incumplir la misma ley que el PP aprobó.
El segundo, la presión de la carrera judicial. Se ha visto públicamente esta misma semana: con declaraciones de todas las asociaciones judiciales pidiendo el acuerdo. Y también de la propia sala de gobierno del Tribunal Supremo, que el lunes por escrito lo pidió. El motivo es obvio. Había casi un centenar de plazas importantes por cubrir –una cuarta parte de ellas en el Supremo– y esto no solo supone un problema de sobrecarga de trabajo: también varios años de ascensos bloqueados. algo que no gusta en ninguna otra profesión. Casi todos los jueces quieren que corra el escalafón.
El tercero, la presión de Pedro Sánchez y su “ultimátum”. Al PP y al sector conservador de la judicatura les asustaba el “plan B”: qué haría el Gobierno si no se llegaba al acuerdo en esta ocasión. Un proyecto que estaba ya planeado, cuyos detalles concretos no se conocen, pero que el Gobierno hubiera tenido toda la legitimidad para abordar, tras un bloqueo que ya duraba más que el propio mandato constitucional. Entre otras medidas, el Gobierno estudió una fórmula para que esos nombramientos al Supremo y otros juzgados pudieran salir adelante sin que el CGPJ tuviera un papel tan determinante como el de hoy.
Ha habido también otro factor que propició el acuerdo. Un inesperado efecto mariposa que vino desde Argentina: el patinazo de Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei. La presidenta de Madrid se ha quedado estos días en fuera de juego, al abrazarse públicamente al nuevo líder de la extrema derecha mundial. Su discurso antisistema, contra los impuestos y la justicia social, es intragable incluso para el PP. La mayoría de los medios conservadores criticaron duramente a Ayuso por esta exhibición populista. También otros presidentes autonómicos del PP.
Su error con Milei se suma a la defensa cerrada de los presuntos delitos cometidos por ese “ciudadano particular” que paga la casa donde vive (y cuyo abogado le permite disfrutar otro piso más en la planta de arriba, no se sabe a cambio de qué). Ambas cuestiones han dejado a Ayuso en una situación de debilidad que Feijóo ha aprovechado para garantizarse en esta ocasión el apoyo cerrado de los medios conservadores, el que no tuvo en 2022.
También ha habido mucha propaganda por parte del PP, a la hora de explicar qué se ha pactado. Feijóo está intentando vender, de manera muy sobreactuada, que el pacto supone “la despolitización” definitiva de la Justicia: que el acuerdo llevará a un nuevo sistema de elección del CGPJ donde “los jueces elegirán a los jueces”, sin intervención parlamentaria.
Es otra burda manipulación. Porque el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PP es, en esencia, prácticamente el mismo que se pactó en octubre de 2022 y que Feijóo, en el último momento, rompió.
Lo acordado no supone un cambio en el sistema de elección y el PP lo sabe perfectamente: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dejó claro que su partido no apoyaría esa modificación en cada reunión con las asociaciones judiciales y en cada reunión con el comisario Reynders.
Lo que se ha pactado es otra cosa: una pista de aterrizaje para que la derecha pudiera bajar de esa montaña de excusas a la que se subió. Basta con leer el punto en cuestión sobre esa reforma, dentro del documento acordado. Las negritas son mías y el texto dice así:
En resumen. El Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe aprobado por una mayoría de tres quintos de sus vocales, una propuesta que será trasladada al Congreso para su debate y en su caso tramitación y aprobación.
Eso supone que la propuesta tendrá que ser aprobada por un consenso amplio entre los dos sectores, progresista y conservador. Es probable que encuentren fórmulas para mejorar la elección de los vocales y la independencia del CGPJ; seguro que las hay. Pero no acordarán lo que quiere el PP, que los “jueces elijan a los jueces”: no es eso lo que defienden los vocales progresistas.
La “participación directa de jueces y magistrados” de la que habla el acuerdo es algo que ya existe en el actual modelo: son los jueces y las asociaciones judiciales quienes hacen la primera selección de candidatos, entre los que después elige el Parlamento. Y también es falso que la Constitución (artículo 122) establezca que 12 de los 20 vocales tengan que ser elegidos por los jueces: dice que hay que elegirlos “entre” los jueces: y así se hace.
Esa propuesta de reforma, además, tendrá que ser debatida por el Parlamento. Pero no está garantizada su aprobación: el “en su caso” se puede traducir como un “ya si eso”. No como un compromiso vinculante de que se aprobará lo que proponga el CGPJ sin rechistar. Una idea que, por otra parte, sería bastante irregular, ya que supondría que el Parlamento renunciara expresamente a su principal función, la de legislar, y se la entregara al órgano de gobierno de otro poder del Estado.
Tal vez en el futuro el PP tenga la mayoría suficiente en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, y que la mayoría de ellos sean elegidos directamente por los jueces, sin intervención del Parlamento. El PP defiende esa idea por una razón: el dominio de la derecha en la carrera judicial es abrumador. Si solo jueces pudieran votar, el PP siempre tendría la mayoría y es probable que Vox fuera el segundo partido y sumara más escaños que toda la izquierda junta.
Dejar los nombramientos del Supremo y otros tribunales en manos de jueces también llevaría a una Justicia gremial y poco democrática, aún más alejada de la sociedad de lo que ya lo está. Quienes piden que “los jueces elijan a los jueces” defienden el modelo del Vaticano: que solo los obispos elijan al Papa. Olvidan algo básico: España no es una teocracia y aquí “la Justicia emana del pueblo”. Un pueblo que engloba a toda la ciudadanía: no solo quienes aprobaron una oposición.
Lo dejo aquí por hoy. Gracias por tu tiempo y por tu apoyo a elDiario.es. Y si estás por Barcelona, ojalá podamos vernos en un rato por la Plaça de Catalunya.
