El 18% de los hogares no tienen internet, principalmente por el costo, aunque los precios han disminuido.
Más de 325.000 hogares no cuentan con internet, lo que equivale al 18% de las familias, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2023 llevada a cabo por el INEC. Las razones para esta carencia son varias, pero el costo es una de las principales. En el 2019, el 38% de los hogares sin conectividad lo atribuían al elevado precio del servicio; en el 2023, la cifra aumentó al 52%.
Sin duda, el crecimiento en el número de hogares que señalan el encarecimiento de precios de los servicios de telecomunicaciones como la barrera para no estar conectados contrasta con el hecho de que el valor realmente se ha reducido de forma consistente desde el 2017: una disminución del 65% en promedio en el caso de los servicios fijos, un 34% en los planes móviles pospago y un 15% en los prepago.
La situación es más aguda en los hogares de menores ingresos: el 40% de los que carecen de internet están en pobreza y el 60% de estos lo achacan al costo. Para atender a esta población, en el 2016 entró en funcionamiento el programa Hogares Conectados, financiado por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), con el objetivo de proveer de internet a los hogares en situación desaventajada.
Según el informe de Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones 2023, presentado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), es el programa en que más se han invertido recursos del Fonatel (un 48%), y han sido beneficiados cerca de 232.000 hogares con el esquema de subsidio, que consiste en que la familia paga el 20% y la Sutel el resto de la factura durante un período de tres a cinco años.
En los últimos meses, algunos hogares comenzaron a salir del programa debido a que el plazo del contrato del subsidio finalizó. Es crucial prestar atención a esta situación, ya que, si los hogares no mejoraron su situación financiera, podrían optar por no mantener el servicio y enfrentar el costo total de la factura.
Esto no solo limitaría sus oportunidades educativas y laborales en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, sino también, a escala nacional, significaría un retroceso en el objetivo de garantizar el acceso universal a internet.
El autor es economista.
