Los expertos denuncian la insuficiente inversión en AP en el conjunto del país y desmienten a Mónica García: «Sanidad sí tiene competencias»
La falta de cobertura médica durante el verano es un problema recurrente en España. Sin embargo, concretamente este año, se prevé que la situación sea aún más grave. La pandemia de la Covid-19 produjo un retraso en la incorporación de los médicos internos residentes (MIR). Así, en vez de comenzar en mayo, lo hicieron en septiembre. Esto ha generado un déficit adicional en la disponibilidad de profesionales sanitarios en un momento crítico. Este retraso, combinado con la necesidad de cubrir las vacaciones del personal médico regular, ha exacerbado la escasez de médicos en muchas áreas, especialmente en las zonas rurales y en los centros de atención primaria.
Ante esta situación, el Partido Popular ha demandado en varias ocasiones al Ejecutivo que estudie que los MIR de cuarto año puedan pasar consulta en centros de Atención Primaria durante este verano pese a que terminen en septiembre. La propuesta fue desautorizada por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que, según indicó, el deber del Ministerio era garantizar la formación de estos profesionales.
Esta proposición no de ley también se debatió el martes en el Congreso de los Diputados y provocó que algunos grupos del Congreso, principalmente el bloque de la izquierda, reprocharan a los populares haber usado la sanidad como arma política. Sin embargo, el pasado jueves, 27 de junio, la iniciativa salía adelante con la mayoría de votos de la Cámara Alta.
De este modo, se ha tratado de poner solución al problema de este verano. Sin embargo, esta no es una cuestión puntual. Desde hace años, nuestra sanidad soporta una gran problemática que, irremediablemente, impacta en la eficiencia y calidad de la asistencia. La situación afecta de manera mucho más notoria a la Atención Primaria (AP). Médicos, pediatras y demás profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud soportan cargas de trabajo desmesuradas debido al elevado volumen de pacientes y la escasez de compañeros; falta de tiempo para dedicarle al paciente debido, en parte, a enfrentar una gran cantidad de tareas administrativas; salarios y otras condiciones laborales poco atractivas; entre otros.
«Somos espectadores de la continua falta de profesionales en determinados sectores de la medicina familiar y comunitaria», lamenta Víctor Pedrera, secretario general de Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
De la misma opinión es el médico Vicente Matas, de la Fundación Centro Estudios SIMEG Vicente Matas. «Este año nos hemos encontrado con la sorpresa de que se han quedado casi 250 plazas de Medicina de Familia sin ocupar. Y esto se debe a que la AP está en muy malas condiciones, las cargas de trabajo son insoportables. Y todo pasa porque se ha recortado mucho, por lo que ahora contamos con un presupuesto insuficiente».
Por su parte, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, subraya que el problema de la falta de médicos en AP «se conoce desde hace 30 años». «Es un problema crónico que, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido complicando. Además, situación es muy común, desafortunadamente, en toda Europa», denuncia. El presidente del máximo órgano de representación de los médicos propone tomar medidas efectivas y armonizadas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. «No sirve de nada que un consejero tenga la ocurrencia de pagar más en su región para llevarse a los médicos de otra», indica.
Pese a que, en España, las competencias de Sanidad están descentralizadas y son gestionadas principalmente por las comunidades autónomas, el Gobierno Central también juega un papel importante en la coordinación y regulación del sistema. De hecho, según los expertos, el Ministerio de Sanidad tiene el poder de abordar estos problemas mediante una serie de medidas estratégicas y bien coordinadas. Desde noviembre de 2023, esta responsabilidad recae sobre Mónica García. La ministra de Sanidad ha convocado 9 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
«La labor de esta ministra, en este tiempo y dentro del marco de competencias que tiene, ha ido dirigida a tratar de fortalecer la cogobernanza que debe existir con las CCAA. Y ha abordado dos temas preocupantes: el de atención primaria y la cobertura de verano para tratar de tomar medidas que sean lineales. Sin embargo, falta implementación. Es decir, crisis de ideas no hay, hay toneladas de literatura, pero se deben desarrollar los temas», indica Tomás Cobo.En opinión de Vicente Matas, pese a que se celebró un CISNS monográfico sobre el problema de la falta de médicos en verano, el Ministerio ha identificado muy tarde el problema: «Lo sabíamos desde el verano de 2020 y no solo no se ha hecho nada en todo este tiempo, sino que también se han puesto palos en las ruedas a quienes proponían soluciones», destaca. Y recuerda que la salud es una cuestión fundamental para la población. «Debemos dejar de fijarnos en colores políticos y de utilizar la Sanidad para atacar al contrario, y remar todos juntos en el plano interterritorial para solucionar estos temas». Matas también demanda soluciones reales: «Toca pasar de las palabras a los hechos.Todavía no ha puesto nada sobre la mesa».
La falta de implementación de soluciones por parte del Ministerio de Sanidad también es criticada por CESM. «Lo único que hemos tenido hasta ahora han sido declaraciones de intenciones con poco sustento. Y lo que pedimos son soluciones concretas, con detalle, números, y plazos», apunta Víctor Pedrera.El portavoz de la CESM señala que el Ministerio de Sanidad tiene la competencia para adoptar bastantes medidas encaminadas a mejorar la situación de la Sanidad. «La primera de ellas es hacer una planificación de la formación posgrado. En España no faltan facultades de medicina, lo que faltan son médicos con especialización dispuestos a trabajar en el sistema público. También se deben establecer medidas para retener a los profesionales y se conseguiría con la adecuación del estatuto marco que contemple mejoras laborales; sin embargo, desde el Ministerio no han querido elaborar un Estatuto específico, cosa que para mí es un error porque la profesión médica tiene especificaciones de tanto calado como para justificar que se nos hiciera», apunta.
Según los expertos, algunas soluciones pasan por incrementar la dotación presupuestaria, optimizar las tareas administrativas o garantizar una distribución equitativa de los recursos.
«Atención Primaria necesita más presupuesto, sin recortar en otros sectores, pero es necesario un incremento importante para financiar más plantilla, tanto de médicos como de personal técnico-administrativo y de apoyo en la consulta para conseguir que, los médicos tengan más tiempo para atender los problemas médicos de los pacientes. También es necesario mejorar las condiciones retributivas, las condiciones laborales, ofrecer contratos de larga duración a los nuevos especialistas, incentivación en los centros aislados y de difícil cobertura y OPES convocadas en junio, resueltas en meses y no en años, para que la mayoría de los nuevos especialistas se queden en España y en Atención Primaria», sostiene Vicente Matas. Y concreta: «Las soluciones pasan por incrementar el presupuesto, hasta llegar al 25% del presupuesto sanitario público, aunque evidentemente, habrá que hacerlo en varios años, con un primer objetivo en el 20%».
Desde 2009 a 2022, Atención Primaria ha recortado en un punto su participación en la inversión sanitaria pública, pasando del 15,3% al 14,3%. En estos años el incremento de inversión ha sido de 2.392 millones (el 22,2%), cuando el incremento del SNS ha sido de 21.493 millones (el 30,5%), el incremento de los Servicios Hospitalarios ha sido de 16.594 millones (el 42,3%). Esta evolución negativa viene de lejos, pues desde el año 1980 hasta 2022, Atención Primaria ha pasado del 20,9% a un escaso 14,3%. Mientras tanto, los servicios hospitalarios han avanzado 5,8 puntos, desde el 54,9% hasta el 60,7%.
Otra de las soluciones propuestas pasa por un incremento importante para financiar más plantilla, tanto de médicos como de personal técnico-administrativo y de apoyo en la consulta. «Hay que conseguir que los médicos tengan más tiempo para atender los problemas médicos de los pacientes», sostiene Vicente Matas. También es necesario mejorar las condiciones retributivas, las condiciones laborales, ofrecer contratos de larga duración a los nuevos especialistas, incentivación en los centros aislados y de difícil cobertura y OPES convocadas en junio, resueltas en meses y no en años, para que la mayoría de los nuevos especialistas se queden en España y en Atención Primaria.
La inversión sanitaria pública en España que existía en el año 2009, antes de la crisis y los correspondientes recortes, era de un total de 70.579 millones de euros en el SNS, de los cuales se dedicaba a Atención Primaria un escaso 15,3% (10.775 millones) y a pesar de este insuficiente e injusto presupuesto, los recortes entre 2009 y 2013, fueron mucho más importantes en Primaria (1.651 millones, el 15,3%) que en el SNS (el 12,6%) y mucho más que en los Servicios Hospitalarios (1.850 millones, el 4,7%). En 2013 solo se invertía el 14,8% sobre la inversión sanitaria pública, frente al 15,3% del año 2009.
Cuando llega la recuperación económica, Primaria que sufrió mayores recortes que la media del SNS y que los Servicios Hospitalarios, incrementa la inversión entre 2013 y 2022, menos que el SNS, el 44,3% Primaria frente al 49,2% del SNS y menos que los Servicios Hospitalarios que se incrementan en un 49,3%. Primaria pasa del 14,8% en 2013 de la inversión sanitaria pública a un escaso 14,3% en 2022.
