Después de cinco años de negociaciones, PP y PSOE alcanzaron el pasado martes un pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un oasis en el árido debate de la política nacional que se ha recibido con entusiasmo por parte de los electorados de los dos principales partidos. Pese a mantener una relación marcada por los exabruptos públicos, la oportunidad de alcanzar acuerdos en privado se percibe de manera favorable por la mayoría de los encuestados. Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 60,7% de los entrevistados considera una «buena noticia» que PP y PSOE hayan sido capaces de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Un 32,2% se muestra reticente a este entendimiento, mientras que un 7,1 por ciento no sabe o prefiere no responder al respecto. La información por electorados resulta especialmente relevante para apreciar como son los votantes socialistas (75,2%) los que celebran mayoritariamente el acuerdo, seguidos de los populares (72,2%). Los socios de gobierno de ambos partidos reciben, sin embargo, con peores perspectivas este entendimiento, que es censurado por el 67% de los electores de Vox y por el 76,9% de los de Sumar.
Más allá del aval al acuerdo entre los dos grandes partidos, los electores valoran positivamente el pacto en sí. Un 54,2% cree que se ha cerrado un buen acuerdo, por el 34,7 por ciento que ve fisuras y el 11,1% que no tiene formada una opinión al respecto. De nuevo, es interesante escrutar la opinión de los distintos electorados. Tanto PP (79,1%) como PSOE (75,8%) secundan la interlocución entre sus formaciones, mientras que Vox (70%) y Sumar (77,5%) desaprueban el entendimiento. Son los partidarios de Yolanda Díaz quienes más críticos se muestran con el acuerdo alcanzado, pese a que su partido ha conseguido dos vocales afines en el reparto. El desbloqueo del órgano del gobierno de los jueces se ha producido en base al sistema vigente, pero con un horizonte de seis meses para que los integrantes del nuevo CGPJ emitan una propuesta de reformulación del modelo. Esta fórmula tendrá que ser avalada por una mayoría reforzada del consejo y, si lo consigue, pasará después al Congreso para su aprobación.
Esta cuestión ha capitalizado la resaca del acuerdo, después de que el Gobierno asegurase, por boca del ministro de Justicia y negociador del pacto, Félix Bolaños, no sentirse comprometido a avalar la propuesta que emane del CGPJ. En Moncloa no aprobarán ningún modelo que pase por que los jueces elijan a sus pares, como defiende el PP, porque –consideran- que esto supondría perpetuar un consejo de mayoría conservadora. Consultados los encuestados por quién consideran que debe elegir al gobierno de los jueces, una mayoría entiende que deben ser los jueces (56,6%), mientras que el 27,4 por ciento cree que deben ser las Cortes y un 16% no tiene una opinión al respecto. Por electorados, el 84,8% de los votantes del PP defiende la fórmula judicial, por el 58,3% de los socialistas que defiende la parlamentaria. Un 29,2 por ciento de los alineados con el PSOE estaría dispuesto a que los vocales se elijan en el ámbito judicial.
Más allá del acuerdo del CGPJ es Cataluña lo que capitaliza el debate político y su afectación en la política nacional. Los encuestados censuran mayoritariamente cualquier cesión que suponga entregar la recaudación de impuestos a Cataluña para granjearse el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa. El 85,5% no está de acuerdo en darles la llave de la caja, por el 7,4% que sí estaría dispuesto a explorar esta vía o el 7,1 que no es capaz de responder a esta cuestión. Los votantes del PSOE censuran mayoritariamente (83,2%) que su partido avance en esta vía para garantizarse la Generalitat. Tampoco se avala la posibilidad de que el PSC haga presidente a Carles Puigdemont para sortear así la repetición electoral y garantizarse la estabilidad en Madrid. El 86,7% avala la negativa de los socialistas a abstenerse, por el 10% que valora esta opción o el 3,3% que no sabe o no quiere opinar. En el espectro socialista, solo un 8,3 por ciento estaría dispuesto a inmolarse políticamente.
El impacto de la gobernabilidad en Cataluña en la legislatura es innegable y hace que haya sido imposible aprobar los Presupuestos para 2024 y que se haya entrado en una suerte de coma legislativo. Esta situación no pasa desapercibida para los encuestados que reconocen esta parálisis (63%). Solo un 27,5% cree que hay actividad y un 9,5% no es capaz de articular una respuesta. A la espera de que se resuelva el sudoku catalán, el Gobierno ha comenzado los trabajos para preparar los Presupuestos para 2025, cuya aprobación dependerá de que consigan el aval de ERC y Junts. En caso de no hacerlo, el 65,9% de los entrevistados considera que Sánchez debería convocar elecciones, mientras que el 28,6 por ciento cree que el Gobierno puede sobrevivir aunque no sea capaz de alumbrar unas nuevas cuentas públicas. El 5,5 por ciento no tiene opinión al respecto.
En el corto plazo lo que sí está previsto que se apruebe es el plan de regeneración democrática anunciado por el presidente tras su periodo de reflexión. El 54,8% recela del mismo y cree que podría suponer un control de la libertad de prensa, mientras que el 36,5% avala que se avance en esta dirección sin cortapisas. Existe una opinión muy disputada ante los riesgos que entraña Sánchez para la democracia. Un 45,9 por ciento cree que es un «peligro», mientras que el 41,9% no comparte este diagnóstico. El impulso reformista del presidente se produjo tras la imputación de su mujer y un 66,4% le demanda más explicaciones públicas a Begoña Gómez por las polémicas vinculadas a su actividad profesional. Y para cerrar otro capítulo polémico, los encuestados avalan mayoritariamente a Sánchez (45,4%) en su conflicto diplomático con el presidente de Argentina, Javier Milei (26,9%).
