La tesis fiscal señala que Keiko Fujimori habría liderado una organización criminal al interior de Fuerza Popular, contando con personas como Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias De Vega, quienes tenían roles clave en la toma de decisiones y la gestión de fondos del partido.
El próximo lunes 1 de julio se dará inicio a la audiencia pública contra Keiko Fujimori y otros 47 implicados en el caso Cócteles, a quienes la Fiscalía les atribuye principalmente los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos por los fondos que el partido Fuerza Popular recibió durante las campañas electorales de 2011 y 2016.
El caso Cócteles surge de la investigación sobre los financiamientos que recibió Fuerza Popular, a través de presuntas cenas e invitaciones a cócteles que se llevaban a cabo con la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, con el fin de recaudar fondos para su campaña. Sin embargo, una investigación realizada por La República reveló que no eran tantos los asistentes a las supuestas cenas. Algunos invitados compraban varias tarjetas, mientras que otros ni siquiera existían. A raíz de esto, se desentraña un mecanismo que la agrupación política presuntamente utilizaba para encubrir un financiamiento ilícito, justificándolo como ingresos proselitistas.
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Parte de la tesis fiscal señala que la hija del exmandatario Alberto Fujimori en realidad habría conformado una organización criminal al interior de su partido, que ella lideraba y contaba con Vicente Silva Checa, persona vinculada al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, para que la asesorara en la toma de decisiones que debían adoptarse en la agrupación. También están Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias De Vega, quienes eran los asesores de Keiko Fujimori y contaban, según declaraciones de colaboradores del caso, con poder de mando sobre los demás integrantes del partido.
Otra de las figuras importantes dentro de la investigación es Adriana Tarazona Martínez de Cortes, quien ejercía el cargo de tesorera alterna en el partido. Sin embargo, en realidad era la tesorera titular debido a los vínculos de confianza y cercanía que tenía con Keiko Fujimori. Dos detalles específicos que confirman la información son que Tarazona fue su secretaria personal cuando se desempeñó como primera dama durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y cumplió labores de asesora principal en su despacho cuando Keiko era congresista.
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Por último, Jaime Yoshiyama Tanaka fue un exministro fujimorista, pero también está siendo investigado en el caso por delito de lavado de activos, tras la presunta recepción de 1 millón de dólares por parte de Odebrecht cuando él era jefe de la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Además, sería el receptor y acarreador de fondos, así como organizador de falsos aportantes.
Giulliana Loza Ávalos es la actual abogada de Keiko Fujimori, pero también ejerce su propia defensa en el caso. Se le acusa de actos de obstrucción respecto a las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones del delito de lavado de activos por las campañas electorales de Fuerza 2011. Loza era, en aquel entonces, una abogada que pertenecía al estudio de abogados Oré Guardia y habría pedido que los supuestos aportantes del partido señalen falsamente que eran aportantes verdaderos ante la justicia.
Además, José Chlimper Ackerman era el secretario general de Fuerza Popular y en el 2016 asumió la jefatura del aparato financiero dentro de la organización, encargándose de la captación, recolección y distribución de activos ilícitos dentro del partido.
Entre otras figuras destacadas se encuentran Carmela Paucará Paxi, ex tesorera de confianza de Keiko Fujimori, quien administraba los aportes de origen y habría eliminado documentos incriminatorios; Luis Mejía Lecca, ex tesorero y ex personero de Fuerza Popular, que organizó y ejecutó el plan de encubrimiento de los falsos aportantes; Rafael Herrera Mariños, encargado de elaborar los estados financieros y reportes de ingresos y gastos de Fuerza Popular ante la ONPE; Antonieta Gutiérrez Rosati, quien era la ex tesorera personal de Keiko Fujimori y se habría encargado de distribuir los fondos que luego eran depositados por los falsos aportantes; y Jorge Trelles Montero, exsubsecretario general de Fuerza Popular, quien organizó la rifa que le sirvió al partido para ocultar fondos ilícitos en 2011.
Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) está implicada como persona jurídica en la investigación, siendo acusada de participar en el lavado de activos y organización criminal. Esto se debe a que el partido político recibió financiamiento ilícito para las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Su estructura habría sido diseñada para aplicar diferentes métodos que ocultaban el origen de los fondos, como falsos aportantes o donaciones ficticias.
MVV Bienes Raíces S.A.C es la empresa del exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, acusada por la Fiscalía de haber sido utilizada para lavar dinero de procedencia ilícita. Su forma de trabajo habría sido a partir de transacciones de un esquema para ocultar las aportaciones ilícitas en las campañas de Fuerza Popular. Uno de los argumentos fiscales son los terrenos comprados en Chilca y un inmueble adquirido en Cieneguilla.
