La Sala IV anuló una norma que equiparó las pensiones de los expresidentes con el salario de los diputados (¢4 millones). Se trata del artículo 26 de la Ley de Presupuesto Nacional del 8 de noviembre de 1988.
El artículo fue declarado inconstitucional porque se trata de una norma atípica de presupuesto. Eso significa que, al aprobar un plan de gastos, la Asamblea Legislativa de aquella época aprobó una disposición sobre pensiones que no tenía relación con la materia presupuestaria, sino que debía regularse mediante una ley ordinaria.
El por tanto establece que la sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de promulgación de la norma, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.
La resolución obedece a una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Raúl Muñoz Álvarez.
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