El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes que reclamen al Gobierno la adopción de medidas urgentes para resolver el endeudamiento de la Seguridad Social, que, a 31 de diciembre de 2022, acumulaba un patrimonio neto negativo de 88.759,4 millones de euros.
Es una de las peticiones más destacadas que el organismo ha hecho en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, que realizó la Intervención General (IGAE) del ejercicio de 2022, un informe que avisa de la situación económico patrimonial y presupuestaria del sector público estatal. Según Ep, el Tribunal alerta en este documento sobre la situación del balance de la Seguridad Social, que acumula seis años consecutivos en situación de déficit.
Gran parte de dicha deuda se ha generado por los préstamos que utiliza el Estado para financiar a la Seguridad Social, algunos prorrogables o directamente sin plazo de reembolsos. En 2022, el Estado otorgó un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones de euros.
Diversas fuentes del organismo explican que es mejor aportar recursos a la Seguridad Social a través de transferencias corrientes, que en dicho año ascendieron hasta los 18.396 millones de euros. Asimismo, ponen énfasis en la importancia de que el Fondo de Reserva, conocido como "hucha de las pensiones", pase a formar parte del patrimonio de la Seguridad Social en términos de contabilidad, algo que ya está legalmente previsto a partir del ejercicio de 2023.
Por otro lado, el informe destaca que la deuda del Estado ascendía a 1,33 billones de euros a fecha del 31 de diciembre de 2022; al mismo tiempo que ha sugerido subsanar varias salvedades e incidencias señaladas en el documento. Entre estas salvedades figura la infravaloración del resultado presupuestario consolidado en 7.680,5 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Además, la Declaración pone de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por 1.143,7 millones de euros.
La Declaración también hace referencia a otras incidencias relativas a la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios de la Seguridad Social, por al menos 125,9 millones, y a la sobrevaloración de los deudores tributarios por un valor de al menos 3.195,6 millones.
El Tribunal de Cuentas también expresa sus dudas sobre el cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que ha sido objeto de moratoria desde 1995 (673,5 millones de euros).
Por otro lado, el organismo apunta que, de un total de 444 entidades del sector público estatal, no se han integrado en la Cuenta General del Estado 68 entidades, si bien ha aclarado que no son de gran relevancia en términos de importe.
Tampoco se han podido verificar parte de los saldos contables reflejados en las cuentas de tesorería del sector público administrativo, y existen incertidumbres y falta de homogeneidad en los criterios sobre las provisiones por riesgos que pudieran devenir en futuros compromisos de pago.
La institución señala que no figura como pasivo el importe de la deuda pendiente relacionada con la insuficiencia de financiación de infraestructuras de 2008 en Cataluña, que asciende a 359 millones, y 200 millones se han contabilizado como gasto del ejercicio cuando en realidad es gasto de ejercicios anteriores.
