Julio será un mes de intensa agenda política. El viernes de la próxima semana el magistrado Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y en paralelo a esta citación, Moncloa acelera la presentación de lo que ha bautizado como plan de regeneración, y que es la misma salida que utilizó el PP en los momentos más duros del "caso Bárcenas".
A Moncloa se le echan encima meses difíciles en el plano de la lucha contra la corrupción. Las informaciones sobre el "caso Koldo", el asesor del ex ministro Ábalos, seguirán circulando, y el juez Peinado no tiene previsto aflojar con la investigación a Begoña Gómez.
Para compensar la secuencia de titulares negativos que se sucederán en los próximos días el Gobierno ha echado mano de la agenda del Congreso, habilitando el mes de julio y multiplicando la actividad política. Uno de los ganchos es el desarrollo del reglamento europeo, publicado en abril, que recoge medidas de transparencia y autorregulación en el control de los medios de comunicación.
El consenso sobre el CGPJ entre Gobierno y PP aguantará a duras penas la próxima semana, cuando el Pleno de la toma de consideración de la proposición de ley pactada entre socialistas y populares coincida con la imagen de Begoña Gómez en los juzgados para declarar en la investigación abierta por presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, dentro de las diligencias en marcha por su relación profesional con distintos empresarios.
Moncloa esta dando contenido a toda prisa a su plan dirigido a ocupar la agenda con las reformas para reforzar la protección del honor y el derecho de rectificación, la aprobación de la ley de paridad, la elección de los vocales del CGPJ y la convalidación de las medidas económicas prorrogadas por la guerra de Ucrania, como la reducción del IVA para los productos de primera necesidad.
Es un movimiento político que tiene también como objetivo completar el vacío que deja el plazo de espera hasta que se confirme a finales de agosto si hay investidura de Salvador Illa o si, por el contrario, salvo que el PSC rectifique su posición y deje paso a Carles Puigdemont, se repitan las elecciones en Cataluña. El PSC y ERC apurarán los plazos y no empezarán a negociar en serio hasta el 20 de agosto. El 26 de agosto, si no hay una investidura efectiva, se activará el proceso para convocar de nuevo elecciones.
En tanto el Gobierno busca cómo multiplicar su agenda, en los socios encaja cada vez más la posibilidad de que, si hay repetición electoral en Cataluña, Sánchez busque el golpe de efecto de convocar elecciones generales para utilizar el tirón del PSC y aprovechar la debilidad de Sumar para aglutinar el voto de izquierdas. No es la opción más probable, pero sí la manejan como hipótesis de trabajo. Hasta ahora, nunca había entrado en la agenda de los partidos que apoyaron la investidura del líder socialista.
