El tema es tan delicado en Brasil y las presiones tan intensas que el Tribunal Supremo de Brasil ha deliberado durante nueve años antes de decidir, este miércoles, despenalizar el consumo de marihuana. Es el país más poblado (203 millones) entre los que han tomado esa medida. Los magistrados también tomaron una segunda decisión trascendental: fijaron en 40 gramos de marihuana (suficiente para 80 porros) o seis plantas hembra el umbral para diferenciar entre un consumidor y un traficante.
La ley de drogas vigente dejaba esa crucial distinción en manos de jueces, fiscales y policías, quienes, con un notable sesgo racista, tienden a considerar que, con la misma cantidad de droga, un blanco es usuario y un negro, traficante. Según los jueces, el nuevo criterio abre la puerta a la revisión de miles de condenas.
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Brasil se une así a una veintena de países, como Holanda (pionera en los setenta), Colombia, México, Italia y Alemania, que permiten el consumo de marihuana. La decisión de la máxima corte brasileña implica que si una persona es detenida con menos de 40 gramos de cannabis, no será fichada ni tendrá antecedentes, a menos que existan otros indicios, como una balanza o un listado de domicilios, que sugieran que la droga es para la venta. Aunque fumar un cigarrillo de marihuana sigue prohibido, el castigo será una sanción administrativa o una reprimenda del juez. En cualquier caso, la hierba será confiscada.
Un abogado que litiga ante el Supremo aprovechó la histórica decisión para difundir en X una de esas sentencias que demuestra la dureza de la ley vigente. En noviembre de 2019, una persona fue condenada a seis años y nueve meses de cárcel en régimen cerrado tras serle incautado un gramo de marihuana. Se desconoce su género, edad o color de piel, pero las estadísticas indican que, probablemente, sea un hombre negro, joven y residente de una favela. Aunque los varones negros y mestizos representan el 27% de la población brasileña, constituyen más del 60% de los acusados bajo la ley de drogas.
Más de 6,000 casos judiciales estaban en suspenso a la espera del fallo del máximo tribunal. Un estudio presentado durante las deliberaciones estimó que, con la despenalización para cantidades menores a 100 gramos, unos 60,000 reclusos quedarían en libertad. Ahora, con el criterio establecido, los afectados pueden solicitar la revisión de sus penas.
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El presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, explicó tras la trascendental decisión los motivos que llevaron a los magistrados a abordar este tema delicado y pronunciarse finalmente. "Es una manera de lidiar con un problema que es el hiperencarcelamiento de jóvenes novatos con buenos antecedentes por portar pequeñas cantidades de droga", afirmó.
Añadió que, ante la falta de una definición clara para separar al consumidor del traficante, "existe una gran discriminación hacia las personas pobres, generalmente negras, que viven en las periferias". Además, subrayó que "ese encarcelamiento exacerbado suministra mano de obra al crimen organizado en las cárceles brasileñas".
Cabe recordar, que el Congreso de Brasil aprobó en 2006, durante el primer gobierno del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una ley de drogas teóricamente diseñada para que los consumidores de drogas pudieran cumplir su pena con trabajos comunitarios sin ir a prisión. Sin embargo, al no establecer una distinción clara entre quienes consumen y quienes se dedican a la compraventa, la ley tuvo un efecto terriblemente perverso.
