Las víctimas se oponen a que Carles Puigdemot, la dirigente de ERC Marta Rovira y el resto de investigados en el "caso Tsunami" tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional se beneficien de la Ley de Amnistía. En sendas alegaciones, Dignidad y Justicia (DyJ) reclama a la magistrada del alto tribunal Susana Polo y al juez de Manuel García Castellón que no apliquen la norma a ninguno de ellos al considerar que los hechos de los que se les responsabiliza -en particular el asalto al aeropuerto del Prat, "en el que un ciudadano francés perdió la vida", y los incidentes durante la "jornada de huelga" en Cataluña el 18 de octubre de 2019, en el que resultaron heridos de gravedad dos policías- "son incompatibles con el derecho a la vida y a la integridad física", por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley.
La asociación que preside Daniel Portero sostiene que las "lesiones de especial gravedad" (dos de ellos se han visto obligados a jubilarse) causadas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado corroboran "la extrema violencia y gravedad de los hechos" y la "grave afectación del orden público" que originaron, así como el empleo "de armas e instrumentos peligrosos" por parte de los concentrados "bajo la cobertura y el amparo" de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que alentó las protestas callejeras contra la sentencia del procés en el otoño de 2019.
La abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, defiende que "las lesiones tan graves" sufridas especialmente por los dos policías que han tenido que abandonar el servicio a consecuencia de las lesiones sufridas precisan de "un examen forense más minucioso a fin de comprobar" son "compatibles con la pérdida, la inutilidad de un órgano o miembro o una grave deformidad, como consecuencia de las acciones realizadas por la masa movilizada por Tsunami Democràtic", lo que en su opinión dejaría fuera del paraguas de la Ley de Amnistía esos hechos.
Por eso recalca que "no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó", que considera incompatible con el derecho a la vida e integridad física y del que "podrían ser partícipes los investigados", entre los que también figuran el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el diputado de ERC fugado Ruben Wagensberg. De ahí que inste al Supremo y la Audiencia a "seguir adelante con la investigación" para esclarecer si "resultan objetivamente imputables a los integrantes de Tsunami Democràtic
resultados tan graves" como las lesiones sufridas por los agentes, que ejercen la acusación particular, que en ese caso serían también imputables "a todos y cada uno de los sujetos investigados aforados y no aforados".
La letrada subraya además que, según la propia Ley de Amnistía, solo estarían amparados por la norma si el delito de terrorismo se hubiera cometido "de forma intencionada", una intención que -argumenta- "en principio solo puede determinarse una vez celebrado el juicio".
Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular, también se refiere al bloqueo del aeropuerto de Barcelona impulsado por Tsunami y subraya que al tratarse de una instalación que tiene la consideración de "infraestructura crítica del Estado", esa acción "puede calificarse como acto de terrorismo" con arreglo al art. 1.1 del Convenio nº 196 del Consejo de Europa.
Todas esas actuaciones, sostiene, se llevaron a cabo "para subvertir el orden constitucional", "suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones
políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado" u obligar a los poderes públicos a "realizar un acto o a abstenerse de hacerlo y alterar gravemente
la paz pública".
La acusación -que pide a los instructores que en caso de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE recabe antes su parecer- recuerda que se investigan delitos de detención ilegal -o coacciones- en el bloqueo del Prat y de lesiones de especial gravedad a agentes, "causadas mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia" tanto en el asalto al aeropuerto de Barcelona y en las calles de la ciudad condal (durante la jornada de "huelga general") a través del "lanzamiento de piedras, adoquines, láminas de aluminio y barras de hierro contra los agentes, en medio de la formación de barricadas, quema de bidones inflamables y
contenedores". Asimismo, añade, se cometieron falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión y tarjetas de embarque y delitos graves de daños patrimoniales en bienes de dominio público "con utilización de sustancias pirotécnicas inflamables".
La asociación de víctimas deja claro que los instrumentos internacionales que vinculan a nuestro país "son meridianamente claros" respecto a que "todo terrorismo supone una violación de los derechos humanos, sin que quepa distinguir entre un terrorismo grave o menos grave". Por eso, mantiene, todas las conductas tipificadas como delitos de terrorismo suponen en sí mismas "una violación grave de derechos humanos, puesto que atentan contra bienes jurídicos de especial valor para la convivencia en paz y libertad de una sociedad democrática". Así que la persecución de los delitos de terrorismo, subraya, "resulta una cuestión esencial para la seguridad nacional e internacional de los ciudadanos".
