La Fiscalía Superior de Cataluña pide la amnistía para los arquitectos del 'procés' , Josep Maria Jové (ERC) y Lluís Salvadó, acusados de malversación y prevaricación por el 1-O . En su escrito, el fiscal Pedro Ariche, siguiendo «el criterio establecido» por el fiscal general, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplique el olvido penal a ambos procesados por los preparativos del referéndum ilegal. Ariche también solicita el archivo de la causa contra la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga , en su caso acusada de desobediencia . Cabe recordar que el fiscal pedía siete años de cárcel para Jové , exresponsable de Economía del Govern, durante el 1-O, y otros seis y tres meses para el entonces secretario de Hacienda, Salvadó -ahora presidente del Puerto de Barcelona-, por malversación agravada, desobediencia, desórdenes y prevaricación . Para Garriga, una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación. Ahora, el representante del Ministerio público apunta que, « en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica» de la Fiscalía y «en el bien entendido que los mismos se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales», le corresponde solicitar para ellos la aplicación dela ley de amnistía. En el caso de Jové y Salvadó, en lo referido a la malversación , Arcihe apunta que no hubo ánimo de lucro, es decir, n o existió propósito de enriquecimiento ni obtención de beneficio patrimonial personal , sino que los fondos habrían ido destinados a la consulta ilegal, lo que tiene amparo en la citada ley. Lo mismo ocurre con el delito de prevaricación , «o cualesquiera otros actos que hubieran consistido en la aprobación o ejecución de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios públicos que hayan sido realizados con el propósito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebración de las consultas populares», reza la norma.
