Tras las denuncias presentadas ante el Ministerio de Transición Ecológica por Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña, la Administración General del Estado ha notificado al Tribunal Constitucional la creación de una comisión bilateral con la que se inicia el procedimiento de recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña y Escalada celebran el hecho de que la Administración General del Estado se haya hecho eco de sus denuncias y haya dado lugar al inicio del procedimiento de recurso ante el Tribunal Constitucional por las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha dentro de la Ley de 1/2024 de 15 de marzo , de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y que otorgan derechos de caza a titulares cinegéticos en vías pecuarias y públicas. El inicio del procedimiento queda reflejado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 25 de junio de 2024 en las páginas 2080 y 2081. La Administración General del Estado disponía de tres meses desde que el 21 de marzo pasado se publicó la modificación de la Ley de Caza para que se notificara al Tribunal Constitucional las discrepancias con la normativa castellanomanchega y la creación de una comisión bilateral con la Junta de Castilla-La Mancha para intentar resolverlas. Ahora el plazo máximo para acordar una solución al conflicto de constitucionalidad es de 9 meses desde que se publicó la modificación de la normativa. En el caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas administraciones, la Administración General del Estado habría de formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Para las entidades denunciantes, «este es un gran paso que valida los argumentos que se vienen esgrimiendo contra una ley que va en contra del uso público y del medio ambiente y en favor de unos intereses meramente privados, como son los del lobby cinegético», según informan en un comunicado de prensa. «Aunque no se conoce el contenido y alcance exacto de las discrepancias que se van a plantear al Gobierno de Castilla-La Mancha , hay que pensar que al menos debe haber dos cuestiones de dudosa constitucionalidad, el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias en el sentido de que no sería legal otorgar derechos de caza sobre las mismas y, en segundo lugar, que se puedan celebrar actividades cinegéticas que son incompatibles con los usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el ganadero, el medioambiental y el uso público«, manifiestan. Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña recuerdan que las denuncias vienen avaladas por informes jurídicos, así como por las firmas de más de 100 entidades suscriptoras del ' Manifiesto en Defensa del Uso Público de las Vías Pecuarias, Caminos y Senderos de Castilla-La Mancha ' y las de más de 13.000 personas a través de la plataforma Change.org.
