Respalda la aplicación de la medida a los doce procesados porque no se les atribuyen graves violaciones de derechos humanos ni ninguna muerte
a Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama también la aplicación de la Ley de Amnistía para los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, para quienes pidió penas de hasta 27 años de prisión. Así lo ha puesto de manifiesto la teniente fiscal del citado tribunal, Marta Durántez, en la vista de cuestiones previas, en la que la representante del Ministerio Público ha defendido que "ninguno de los hechos" que se atribuyen a los procesados están excluidos del ámbito de aplicación de la medida de gracia, pues no se les achaca ninguna muerte ni graves violaciones de derechos humanos. Y es que la Ley de Amnistía excluye precisamente los delitos de terrorismo que supongan graves violaciones de derechos humanos o delitos con resultado de muerte, torturas o trato inhumano.
Para la teniente fiscal -que ha acudido a la vista en sustitución del fiscal del caso por decisión "organizativa interna" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso-, la aplicación de la ley en este caso "no ofrece duda" dada "la finalidad perseguida por el legislador" con la medida de gracia y teniendo en cuenta que los hechos investigados "están dentro del ámbito objetivo" de dicha norma. De ahí que, según fuentes fiscales, considera "procedente" acordar la extinción de la responsabilidad penal de los acusados y el sobreseimiento libre de la causa.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó penas de ocho a 27 años de cárcel para los doce acusados -248 años de prisión en total- por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Se da la circunstancia de que el fiscal que firmó ese escrito, Miguel Ángel Carballo, abandonó el tribunal en plena tramitación de la amnistía tras solicitar plaza de fiscal jefe en Ciudad Real.
El fiscal solicitó penas de 27 años de cárcel para ocho de los procesados -Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín-, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena, mientras que para el resto (a quienes no imputa los delitos de tenencia y fabricación de explosivos ni de tentativa de estragos) -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- reclamaba condenas de ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Todos ellos -detenidos en 2019 en la "operación Judas"-, insistió en su escrito de acusación, formaban parte de "una organización terrorista paralela" cuyo objetivo era "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias".
En esa comparecencia, el representante de las acusaciones populares que ejercen la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot), Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Vox y dos asociaciones de guardias civiles (AUGC y AEGC) se ha opuesto a la aplicación a los CDR de la Ley de Amnistía porque, según ha defendido ante la Sala el abogado Ignacio Fuster-Fabra, "la afirmación de que solo una mínima clase de crímenes merecen ser tratados como terrorismo es incompatible con la amplitud de la definición que del terrorismo se deriva de la lectura del artículo 573 del Código penal, que considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física" con el objetivo de "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".
En su intervención, el letrado ha rebatido a la Fiscalía incidiendo en el "riesgo que para la vida e integridad física" conllevaron algunas de las acciones impulsadas por los CDR, como "incendiar autobuses o contenedores" o "las agresiones directas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con graves consecuencias personales y profesionales".
"Cuando el Código Penal contiene una descripción de lo que puede ser considerado acto terrorista, lo hace siguiendo la pauta de las legislaciones europeas", ha argumentado la acusación en relación a que la Ley de Amnistía invoque el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y no el Código Penal español. Una redacción final de la norma tras sucesivas alteraciones del texto que -según ha expuesto Fuster-Fabra- "no tienen otro objetivo que impedir que los tribunales entren a valorar", por ejemplo, si los supuestos vínculos de Carles Puigdemont con los CDR y Tsunami Democràtic "caben o no en el círculo de lo amnistiable".
De ahí que el letrado haya defendido que "a priori no pueden incluirse en el círculo de hechos amnistiables los que se relacionen con las actividades de los llamados CDR y el movimiento Tsunami Democràtic".
En su escrito de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso que como integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los CDR activada en julio de 2019, su objetivo era conseguir la independencia de Cataluña "empleando para ello la violencia en su máxima expresión" forzando "de modo coercitivo a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
En el momento de su detención, precisaba el Ministerio Público, los acusados ya habían hecho acopio de "informaciones precisas de sus posibles objetivos": el Parlamento de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de la ciudad condal, la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como torres de alta tensión, peajes e instalaciones en autopistas.
Los agentes hallaron en el jardín de la casa de uno de los CDR, Alexis Codina, en el municipio de Sant Fost de Campsentelleses (Barcelona), "improntas de quemado de sustancias químicas". Según la Fiscalía, además de manipular la termita, un agente incendiario, "realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita".
En el "caso Tsunami Democràtic", la Fiscalía pidió la aplicación de la amnistía -en relación a la supuesta responsabilidad de Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros, en los violentos altercados por las protestas contra la sentencia del "procés" en 2019- al descartar que esos hechos -que incluyeron la toma del aeropuerto del Prat y el bloqueo de la AP-7 en la Junquera- tengan carácter terrorista o supusiesen graves violaciones de derechos humanos. Y expresamente desvinculó la muerte de un infarto de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona de la protesta de Tsunami Democràtic.
