Este miércoles, Bolivia vivió momentos de alta tensión cuando, alrededor de las 15:00, tanquetas y efectivos militares tomaron la Plaza Murillo en La Paz, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la sede de la Asamblea Legislativa.
Este acto de insubordinación militar fue rápidamente denunciado por el Presidente Luis Arce, quien calificó las movilizaciones como «irregulares» y llamó al respeto por la democracia.
El conflicto se originó con la participación del General Juan José Zúñiga, recientemente removido de su puesto como comandante general del Ejército.
Zúñiga, quien lideró la sublevación, justificó su acción alegando que representaba a las bases de la organización militar y exigió la renovación del gabinete gubernamental, en particular del Ministerio de Defensa, además de la liberación de los denominados presos políticos de la fallida intentona golpista de 2019, entre los cuales se encuentra la exmandataria Jeanine Añez.
En medio de la crisis, el Presidente Arce logró desactivar el golpe al designar un nuevo alto mando militar y reafirmó su compromiso con la democracia boliviana.
«Ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Estamos frente a un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme y que están atentando contra la Constitución», declaró Arce, quien también agradeció el respaldo recibido de diversos sectores nacionales e internacionales.
Luis Arce cambió los mandos militares y arrestó a los golpitas, luego de destituirlos.
La acción golpista fue condenada enérgicamente por líderes y organismos internacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo, declarando que la OEA y la comunidad internacional no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia.
De igual manera, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su preocupación y condenó la acción militar, mostrando su apoyo al gobierno legítimo de Bolivia.
Otros líderes regionales, como los mandatarios de Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Perú, Guatemala, Cuba y México, también repudiaron el intento de golpe. En Argentina, la ministra de Exteriores, Diana Mondino, enfatizó que «la democracia no se negocia». Estados Unidos, la Unión Europea y la CELAC emitieron comunicados similares.
