Dos Gobiernos, el encabezado por Daniel Ortega en Managua y el de Dina Boluarte desde Lima, son los únicos que comparten el baldón de haber sido declarados en desacato por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparentemente muy diferentes entre sí, tienen, de hecho, grandes —y crecientes— semejanzas en la confrontación contra el derecho internacional y en un estilo de gobernar caudillesco.
Resulta que, con ideologías aparentemente discordantes entre sí, son y actúan igual en varios elementos. Tienen una manera común —retrógrada y antidemocrática— de hacer las cosas y de desenvolverse en el ordenamiento internacional. En abono, todo, del quebrantamiento del orden de los derechos humanos y de los valores democráticos. Y en beneficio, exclusivamente, de los intereses propios de quienes ocupan el poder político. De eso se tratan los caudillismos actuales en los dos países; no hay más “ideología” que los intereses.
Los temas relativos a los derechos humanos, en particular las sentencias de la Corte IDH y las relaciones internacionales con los grandes países democráticos, son parte esencial de las políticas públicas. Acaban siendo, a la vez, parte esencial de la política exterior y diplomacia de cada país.
Ningún país democrático de América Latina puede ignorar que esos son los componentes cruciales de la agenda internacional —e interna— de nuestros pueblos.
Pero se constata que quien encabeza la política exterior del Perú optó por poner la historia de lado y cortar camino. La confrontación en términos muy agresivos a la comunidad internacional, en el cóctel del aniversario de Canadá, podría indicar la agenda que manda, que conduce directamente a la confrontación y al aislamiento del país. Sería una confrontación hasta con la propia historia del Perú, dadas las inconsistentes distorsiones sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que la comunidad internacional tuvo que oír esa noche de boca del canciller en la Embajada de Canadá.
En nuestro Perú de hoy, muy lejos han quedado los tiempos de la sostenida diplomacia seria —y de Estado— diseñada en Torre Tagle en función de lo esencial: los intereses permanentes del Perú. Los tiempos, por ejemplo, de la larga y consistente contribución de la política exterior peruana a Contadora y a la paz centroamericana en los 80 y 90 del siglo pasado. O de impulso a la gestación y adopción de la crucial Carta Democrática Interamericana el 2000-2001. Para mencionar solo dos ejemplos relevantes.
Toda esta rica historia la han volado por los aires. Tiempos idos. Todo es ahora al revés. Como muestra “un botón”: el discurso confrontacional con la comunidad internacional pronunciado por el canciller del Perú la semana pasada en ocasión del aniversario nacional de Canadá.
Todo porque 16 países democráticos relevantes habían expresado públicamente su justificada preocupación por normas que se preparan en el Congreso contra las organizaciones de la sociedad civil. Son propuestas normativas que afectarían, muy seriamente, la autonomía de las organizaciones para desempeñar sus relevantes funciones.
En el autoritarismo, la hostilidad hacia la comunidad internacional es parte de la fórmula. Y las hostilidades generadas por el pacto corrupto en el Perú, que quiere aprobar esas normas contra las organizaciones de la sociedad civil, revela mucho de lo que está pasando y qué intereses están moviendo las cosas.
Revela también por qué en la comunidad interamericana se homologa la lógica de favorecer el autoritarismo y la represión compartida entre los Gobiernos de Ortega y Boluarte. Ortega ha sido ampliamente criticado por su represión violenta de las protestas antigubernamentales, especialmente desde 2018. Boluarte, por su lado, ha enfrentado internacionalmente críticas por el manejo de las protestas y los 50 muertos de la represión policial.
Coinciden, por otro lado, en su hostilidad hacia los organismos internacionales. El Gobierno de Ortega ha expulsado a misiones de observación de derechos humanos y ha rechazado la presencia de organizaciones internacionales críticas. El Gobierno de Dina Boluarte, por su lado, ha mostrado resistencias y críticas hacia los organismos internacionales, y suma el reciente exabrupto de su canciller.
En cuanto a pasos conducentes a un aislamiento diplomático, hay semejanzas. Daniel Ortega: un creciente aislamiento diplomático debido a sus políticas represivas, con sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y el distanciamiento de varios países latinoamericanos. El Gobierno de Dina Boluarte, por su lado, enfrenta una creciente desconfianza de varios países y organismos, que ya hacen públicas sus preocupaciones por las perspectivas del Perú y lo que se está haciendo con la democracia.
La coincidencia de ambos Gobiernos en la hostilidad hacia la comunidad internacional se aterriza en un discurso “antiinjerencista” bastante básico. En el caso de Ortega, usa una retórica antiimperialista y antiinjerencista, acusando a países extranjeros y organismos internacionales de intentar desestabilizar su Gobierno. Nada de eso se sustenta en hechos. Dina Boluarte, por su lado, también ha afirmado que las críticas internacionales son una forma de “injerencia” en los asuntos internos del país. Por supuesto, estos discursos no son tomados en serio por los observadores internacionales.
El hecho es que se está ante dos Gobiernos —el de Ortega y el de Boluarte— atados por el “cordón umbilical” de la aproximación autoritaria y una postura hostil hacia la comunidad internacional cuando esta critica sus prácticas de derechos humanos, la pérdida de institucionalidad democrática y la legitimidad de sus acciones políticas.
