La batahola política provoca confusión a tal grado que hay quien achaca a errores de la ministra Norma Piña la inminencia de la llamada reforma judicial.
Empecemos por el principio. Un modelo populista implica la conquista de otros poderes. De todos. Por ejemplo: la legislatura que está por terminar, y esa vergüenza acompañará por siempre a muchos de sus integrantes, perfeccionó el “no le muevan ni una coma”.
En ese Congreso, incluso antes de que Andrés Manuel tomara posesión, figuras de Morena adelantaron que se requería “una sacudida completa en el Poder Judicial”.
Si se va a atribuir a limitaciones políticas de la actual presidenta de la Corte el hecho de que se pretenda cambiar de raíz al Poder Judicial, conviene ponerle un grano de sal a las ganas de encontrar en ella a la culpable de lo que en realidad es una añeja tentación de Morena.
Más avanzado el sexenio, “la solución” política que se intentó para “proteger” al PJ resultaba aberrante: violar la ley para permitir que el entonces presidente del Judicial, Arturo Zaldívar, extendiera su periodo al frente de ese poder a fin de garantizar la total sumisión. Chido.
Con la misma lógica que hoy se culpa a Piña, la serie de actores y actrices que en su momento se opusieron a esa intentona porfirista de Zaldívar-AMLO tendrían que lamentar su postura republicana dado que la venganza del Presidente es peor que el ilegal “remedio”. Vaya.
Norma Piña asumió su cargo en enero de 2023. Si se compilaran los ataques y las críticas pronunciadas desde entonces en la mañanera en contra del Poder Judicial ocuparían alrededor de 800 páginas, y en más de 300 aparecería el nombre de la titular de la Corte.
De ese tamaño es la inquina del ocupante de Palacio en contra de quien –“craso” error– no se levantó de su asiento frente al Presidente el 5 de febrero del año pasado en la ceremonia de la Constitución en el Teatro de la República.
El tabasqueño retomó su estrategia en contra del Judicial, entre otras razones, porque en 2023 la Corte bateó el llamado plan B, la serie de reformas anticonstitucionales aprobadas por la mayoría morenista. De ahí pasó al anuncio formal del plan C el 5 de febrero pasado.
En conclusión, desde su llegada al poder el obradorismo buscó cambiar o capturar al Judicial, y luego una serie de fallos –que lo mismo detuvieron las obras preferidas del mandatario que tumbaron leyes ilegales– exacerbaron el deseo de AMLO de vapulear al PJ.
Todo lo anterior no exime a Norma Piña de ser evaluada sobre lo que sí hizo y sí dejó de hacer. Es evidente que eligió una ruta no pública y que la que decidió en privado, por lo que ha trascendido, ha sido desastrosa: su cita con magistrados y Alito Moreno es prueba de ello.
Si se quiere, también es evidente que su grupo de crisis no existe (y si existe ojalá no haya cobrado, y si cobró que regrese los emolumentos) porque al menos mediáticamente, en el sentido de haber pesado en el debate, los resultados son prácticamente nulos.
Dicho lo anterior, es natural que dentro y fuera del Poder Judicial comiencen los dedos acusadores, ceder a las fantasías de cargarle a alguien la factura de la desaparición de una rama del Estado, sin moverle una coma porque el diálogo que inicia hoy es pura piña.
Culpar a la ministra presidenta es una falacia. Hay animosidad contra ella, sin duda, pero la venganza de AMLO contra el Poder Judicial es algo estructural.
