Unidad del pueblo junto a militares leales y firmeza del Gobierno desalentaron sedición de exjefe militar
Represetantes del pueblo que permanecieron durante varias horas este miércoles custodiando el Palacio Quemado, mientras militares sublevados les prohibían llegar a las puertas, festejaron con el presidente Luis Arce la retirada de los gendarmes de la Policía Militar encabezados por el general y exjefe del Ejército, Juan José Zúñiga, cuyas fuerzas llegaron a embestir con una tanqueta artillada la entrada a la sede presidencial, en un atentado a la democracia, considerado un intento de tomar el poder que recordó a muchos las imágenes del asedio pinochetista contra Salvador Allende.
De «aventura golpista» tildaron periodistas de Boliviana de Televisión los acontecimientos, que el canal transmitió en vivo, así como la multinacional Telesur, e hicieron temer la reedición de un golpe militar en la nación andina, por lo que movilizaron de inmediato a las organizaciones sociales, populares y gremiales en rechazo a la asonada, y transmitieron el repudio de líderes de la comunidad internacional a una ruptura del orden constitucional.
«Los golpistas no pasarán», coreó la multitud con el vicepresidente David Choquehuanca, que junto a Arce y el resto del gabinete festejaba el triunfo en la misma Plaza Murillo que, durante aproximadamente las tres horas anteriores, había permanecido ocupada por los uniformados, quienes lanzaron gases lacrimógenos y pimienta, así como balines, para impedir el paso de la ciudadanía.
Zúñiga, de quien medios locales dijeron la noche anterior que había sido depuesto, lo que después desmintieron, anunciaba un cambio del gabinete y, de modo envalentonado, aseguró que él y los uniformados que le seguían liberarían a todos los militares y a los presos políticos, empezando por el golpista santacruceño Luis Fernando Camacho, e incluyendo a la exmandataria de facto Jeanine Áñez, cabeza del Gobierno espurio que masacró al pueblo luego de la asonada infligida a Evo Morales y al MAS en 2019.
Unos momentos antes, dentro de la sede presidencial que Zúñiga invadió por la fuerza, Arce había avanzado al encuentro del jefe militar, con quien sostuvo, cara a cara, un intercambio alterado durante el cual le habría pedido deponer su actitud y ordenar a las tropas el repliegue, según comentaron periodistas al transmitir las imágenes del encontronazo. Pero el llamado de Arce fue desoído por Zúñiga.
Para ese momento, la Central Obrera Boliviana (COB) se había declarado en huelga general y movilizada en respaldo a la democracia, y convocado a afiliados y no afiliados a nuclearse en su defensa.
De forma paralela, organizaciones sociales y populares, así como campesinas, habían anunciado igualmente que estaban en emergencia y se movilizaban para frenar la intentona, como transmitió BTV mediante sus enviados en los departamentos de Santa Cruz, Pando y la localidad paceña de El Alto, entre otras ciudades donde representantes del pueblo anunciaron que se encaminaban a la capital para defender al Gobierno.
Durante el lapso, desde la Gran Casa del Pueblo, aledaña al Palacio de Quemado y donde se habían nucleado los integrantes del gabinete en torno a Arce, la ministra de Gobierno, María Nela Prada, denunció el intento de asonada y pidió el respaldo interno y externo a la democracia boliviana, como también lo hizo la canciller, Celinda Sosa, entre otras voces del ejecutivo y la institucionalidad.
Poco después, en un mensaje desde la misma sede presidencial y acompañado por sus ministros, Arce declaró al pueblo que se mantenía allí rechazando todo intento golpista, y convocaba a ese pueblo a organizarse y movilizarse contra el golpe en gesta.
«No podemos permitir que, una vez más, intentos golpistas se lleven vidas bolivianas», exclamó.
La batalla por la institucionalidad halló su corolario cuando, todavía en esa sede junto a los titulares del ejecutivo, a quienes se habían sumado representantes populares, Arce, por decreto presidencial, nombró a nuevos jefes militares, incluyendo al Comandante del Ejército, responsabilidad que fue otorgada a José Wilson Sánchez, con lo cual Zúñiga quedaba efectiva y automáticamente depuesto.
Gerardo Zabala Álvarez fue impuesto como comandante general de la Fuerza Aérea, y Renán Wilson Guardia Ramírez como comandante de la Armada.
Consignas de apoyo al ejecutivo y a la unidad se escucharon en el recinto, donde el recién nombrado jefe del Ejército, en su condición de Comandante de ese cuerpo, dijo: «Ordeno, dispongo, que todo el personal movilizado en las calles debe retornar a sus unidades».
Arce también usó de la palabra para denunciar el intento de golpe de Estado en marcha y exaltó que también se contaba con militares «que saben que el respeto a la Constitución y a las normas vigentes es lo más importante.
«El Gobierno está aquí en Casa Grande junto a su gabinete, el Vicepresidente, el pueblo y los buenos militares que saben respetar la Constitución del Estado; haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano», proclamó, y saludó a «los organismos internacionales que han reprochado este acto, a los países amigos que se han pronunciado en favor de la democracia; a todos quienes están en este momento: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales que se están pronunciando en contra de cualquier acción contra el pueblo».
Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Cuba, México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil expresaron su respaldo al ejecutivo constitucional boliviano encabezado por Luis Arce y demandaron respeto a la democracia, así como la presidenta hondureña Xiomara Castro a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y el Grupo de Puebla, entre otros.
Hasta la Argentina de Javier Milei en sucinto mensaje de su Cancillería y el cuestionado
titular de la OEA que antes avaló el golpe contra Evo, Luis Almagro, se pronunciaron tibiamente.
«Llamamos al pueblo a movilizarse y mantener la calma, porque todos los bolivianos, juntos, vamos a derrotar cualquier intentona golpista», aseguró Luis Arce durante el combativo acto en la Casa del Pueblo.
En minutos, las imágenes transmitieron la retirada de las oprobiosas tanquetas de la Plaza Murillo, que empezó a ser tomada por el pueblo. El breve aunque peligroso capítulo golpista que puso en vilo al país y a buena parte de la comunidad internacional, había concluido.
La cohesión del ejecutivo y de las organizaciones sociales y populares en su entorno, la lealtad de altos mandos militares, y la rapidez con que actuó el ejecutivo parecen los elementos esenciales que aseguraron la salvaguarda del orden y la constitucionalidad en Bolivia, unido al respaldo que recibió de parte de líderes de Latinoamérica y el mundo.
Consumada la victoria que se hizo visible con la retirada de las tanquetas y los soldados sublevados de la Plaza Murillo —no sin antes avanzar hacia la multitud, amenazantes, en el momento de su retirada—, la Fiscalía dictó orden de aprensión contra Zúñiga. Poco después este era detenido a las puertas del Estado Mayor que antes dirigió, y que abandonó sin oponer resistencia.
En su comunicado, el poder judicial anunció que se requerirían todos los elementos necesarios para investigar los hechos, que se desataron de manera sorpresiva y tan rápidamente como se extinguieron.
Entrevistado por BTV, el analista político boliviano Hugo Moldiz comentó que podrían hacerse dos lecturas de los acontecimientos. La primera, que Zúñiga hubiera actuado motivado por los trascendidos de que sería removido de su cargo como resultado de amenazas vertidas por él contra el expresidente Morales y contra el titular del Senado, Andrónico Rodríguez.
La otra posibilidad, que el especialista suscribió, es la de la presencia de autores intelectuales detrás de la intentona. «Habrá que ver a dónde conducen las investigaciones», afirmó.
Foto: Adán Iglesias
