Para sostener el Estado de derecho, es preciso detener el ataque sistemático al orden jurídico.
La denominación de “ley jaguar” a lo que se pretende someter a un eventual referéndum es parte de la estrategia de Rodrigo Chaves, a tono con el mercadeo populista.
En vista de la frustración y la desesperación por desarrollar obras —que el gobierno califica de estratégicas— sin controles ni fiscalización, renuncia a su labor de gobernar y se decanta por la consulta popular.
El referéndum es una figura empleada en muchas democracias maduras, mas no para asuntos que se pueden resolver mediante acuerdo con la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley jaguar tiene como eje central eliminar controles y atribuciones a la Contraloría General de la República (CGR), suprimir la fiscalización previa de los fondos públicos dentro de su competencia, el análisis de la eficacia y eficiencia de la Hacienda pública en la ejecución presupuestaria, la transparencia en la contratación pública y la independencia de las auditorías internas.
Muy por el contrario, al ente contralor deberíamos fortalecerlo con mejores herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para agilizar los estudios e investigaciones. Debilitar a la CGR es desconocer nuestros principios constitucionales y poner contra la pared a una institución clave para evitar la corrupción en un estado gigante y complejo.
La incorporación en una propuesta de referéndum de la contratación directa para una alianza público-privada (APP) entre Japdeva y empresas con el fin de construir una marina y un muelle turístico no es conveniente. La forma correcta es el concurso público y transparente a través del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
El proyecto para una ciudad gobierno, dejando al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) escoger al constructor según su propio esquema de contratación, tampoco es viable. Estamos hablando de una figura de compra de un activo con fondos públicos mediante el arrendamiento.
Lo recomendable es hacer el proyecto a través de una APP, con un esquema planteado legal y financieramente fortalecido, en forma transparente y bajo las regulaciones del CNC.
Usar el discurso populista que erosiona la confianza en instituciones como el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría y el Poder Judicial atenta contra la democracia.
Las instituciones no son perfectas y pueden mejorar. Ha habido casos de corrupción a lo largo de muchos años, pero han salido a relucir gracias a denuncias ciudadanas, las auditorías internas, los controles de la Contraloría o las investigaciones del OIJ.
No se puede seguir amenazando la libertad de prensa ni continuar con la retórica de enfrentamiento del “pueblo” contra los que supuestamente tienen “corona”. No debe la Contraloría, que es un ente técnico y apolítico, discutir públicamente las bondades de un proyecto político, como lo plantea el Ejecutivo.
Los órganos de control económico, financiero y jurídico son totalmente técnicos, y ante ellos solo caben los recursos técnicos. Tampoco deben los políticos seguir ofreciendo soluciones rápidas a problemas tan complejos relacionados con la salud, las pensiones, la educación, la violencia, la pobreza, la vivienda, la infraestructura, el empleo y otros que golpean la calidad de vida de las personas.
Para sostener el Estado de derecho, es preciso detener el ataque sistemático al orden jurídico. No se debe acusar de corruptos a todos los que, de forma honesta y con base en el diálogo, han logrado grandes cambios en nuestra ejemplar democracia.
Winston Churchill dijo: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”. Si este gobierno quiere resultados, debe buscar acuerdos nacionales. Estamos claros en que solo respetando los caminos legales e institucionales de nuestra centenaria democracia alcanzaremos acuerdos para el bien colectivo.
El gobierno debe fomentar la negociación. No hay soluciones fáciles ni a corto plazo. La calidad del debate público bien informado es esencial. No se valen los mensajes a costa de la verdad ni atacar a los que opinen distinto del gobierno.
El país atraviesa por un momento en que se mezclan problemas de todo tipo, pero los contrapesos son necesarios. Costa Rica no es una dictadura. En Costa Rica se deben cumplir las leyes. El Poder Judicial es el único que interpreta las leyes, el Congreso es el que las aprueba y el Poder Ejecutivo es el único responsable de hacerlas cumplir.
Mal arte política es polarizar a la sociedad y usar discursos de enfrentamiento. No saldremos del subdesarrollo con esta manera de actuar. Necesitamos más cultura democrática y seguir luchando por reducir las odiosas brechas sociales. Tenemos que lograr volver a ser un país competitivo, proveedor de igualdad de oportunidades, donde los derechos humanos sean respetados como corresponde en una ejemplar democracia.
El autor es ingeniero.
