El Ministerio Público rechazó el proyecto de ley, impulsada por el congresista de Avanza País, Juan Burgos Oliveros, que pretende establecer responsabilidad penal a menores de 16 años, alegando que dicha propuesta vulnera la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El Ministerio Público señala que este proyecto de ley también vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1990. De acuerdo a esta Convención, el Perú está obligado a garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos para toda la población menor de edad en el país.
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A través de un comunicado en su cuenta de X, los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional sostuvieron que, en aplicación del Principio de "No Regresividad", los derechos específicos a favor de niños, niñas y adolescentes, no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos.
El argumento que había dado el congresista Burgos para defender su propuesta de ley se basaba en una presunta reducción de las cifras inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que incurren en delito.
En su comunicado, los fiscales indicaron que nuestro país cuenta con normas que prevén la responsabilidad penal especial que tienen los adolescentes que infringen la ley penal, a quienes se les impone medidas socioeducativas, que incluyen el "Internamiento" en los casos de infracciones (delitos) graves, estando pendiente la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Cabe mencionar que desde el 2017, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, promulgado mediante un decreto legislativo, permanece sin implementación hasta el día de hoy.
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El Ministerio Público recomendó en que, antes de considerar nuevas leyes, es crucial implementar este código pendiente para asegurar una adecuada protección y responsabilidad penal para los adolescentes en Perú.
El pronunciamiento concluyó que el propósito de lograr la "resocialización y reinserción familiar y social" establecido en el sistema de justicia penal juvenil peruano "no se materializará con propuestas punitivas y contrarias a los estándares internacionales propios de la materia".
Luego del pronunciamiento del Ministerio Público, el congresista Juan Burgos, quien impulsó el proyecto de ley, rechazó en sus redes "la posición política de la Fiscalía". "Si los individuos de 16 a 17 años tienen la capacidad de asesinar y promover, por medio del sicariato y extorsión, el terrorismo urbano deben asumir sus consecuencias penales. ¡No son 'niños' inofensivos!", expresó.
Con miras a las elecciones generales a realizarse en el 2026, el Congreso de la República ya contaría con once propuestas legislativas con las que buscarían modificar distintos artículos de la Ley N° 26859, conocida como "Ley Orgánica de Elecciones".
Como se recuerda, la Ley Orgánica de Elecciones tiene como objetivo principal regular y garantizar la organización, ejecución y fiscalización de los procesos electorales en Perú. Esta ley establece las normas y procedimientos necesarios para asegurar que las elecciones reflejen de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad de los ciudadanos.
