El Ministerio de Cultura (Mincul) confiscó 50 documentos históricos en el almacén de la empresa de logística y transportes internacionales DHL ubicado en el Callao. Estos bienes estaban enrollados dentro de una bolsa y se enviaban, de forma ilegal y como encomienda, hacia Barcelona, España.
Estos bienes eran bonos de la deuda agraria de la década de 1970, que incluían encabezados de documentos oficiales de esa época, firmas y sellos de autoridades estatales, así como sellos de agua con el Escudo peruano y los nombres de los beneficiarios. Se sospecha que provienen de algún archivo público.
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Estos bonos fueron entregados como compensación a las personas a quienes el Estado peruano expropió tierras entre 1969 y 1979 debido a la Ley de Reforma Agraria del Gobierno militar de entonces. El Ministerio de Cultura informó sobre esto en una nota de prensa.
Según la Constitución de 1933, nadie podía ser despojado de su propiedad sin recibir una compensación. Los bonos se pagarían con una tasa de interés, pero con el tiempo dejaron de pagarse.
Tras la verificación de los documentos y debido a sus características y contenido, los especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE) del Mincul consultaron con el personal del Archivo General de la Nación. Estos respaldaron la pertinencia de formalizar la incautación, que se realizó mediante un acta.
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Los documentos fueron puestos bajo la custodia del Mincul y se determinó su protección provisional. Este mecanismo consiste en adoptar medidas para la protección física y legal de bienes culturales que se presumen pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.
Estas acciones se llevan a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la protección y recuperación de bienes muebles del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta comisión, creada en marzo de 2021, cuenta con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como aliado estratégico en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
La Reforma Agraria en Perú, iniciada en 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue un proceso que buscaba redistribuir la tierra para eliminar las estructuras agrarias semifeudales. Esta reforma se implementó a través del Decreto Ley Nº 17716, que permitió la expropiación de grandes extensiones de tierra, principalmente en la costa y la sierra, que estaban en manos de terratenientes y empresas agroindustriales. Estas tierras fueron redistribuidas entre más de 370.000 familias campesinas, organizándolas en cooperativas agrarias de producción y servicios.
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Sin embargo, las cooperativas creadas no lograron ser eficientes y muchas se disolvieron, lo que llevó a una fragmentación de las tierras y al predominio del minifundio. Además, la falta de formalización de la propiedad y la insuficiencia de apoyo continuo por parte del Estado perpetuaron problemas en el sector agrario.