El sistema de ayudas de los ERE que funcionó entre 2000 y 2009 en la Junta de Andalucía, declarado ilegal y arbitrario por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, lo mismo servía para socorrer al amigo de un alto cargo de la Junta de Andalucía en apuros que para apaciguar los conflictos laborales, lo que contribuyó a apuntalar la hegemonía socialista en la única comunidad autónoma que entonces no conocía la alternancia política. El programa concebido para pagar prejubilaciones y despidos en empresas inmersas en procesos de reestructuración funcionó también como un fondo reservado para dar ayudas directas a alcaldes y que no tuvieran que rendir cuentas sobre el destino del dinero público mediante un sistema que...
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