El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó este miércoles el nombre de seis personas relacionadas con el caso Madre Patria, con la intención de pedir ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.
Se trata de integrantes en fuga de una organización dedicada al fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica, la cual fue desmantelada el martes 25 de junio.
En la lista publicada por el OIJ figuran: Abraham Chaves Arias, de 38 años (número 1387 en la foto adjunta); Mauricio Martínez Parada, de 56 años (1379), y Allen de Jesús Pérez Barboza, de 44 años.
También aparecen Eddie Gómez Vindas, de 60 años (1380); Erick Duarte Tijerino, cuya edad no se especificó (1380), y José Martín Zúñiga Brenes, de 61 años (1382).
Las autoridades judiciales indicaron que cualquier información que se brinde puede ser de gran valor. Las personas pueden llamar al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Esta banda está liderada por dos españoles identificados con los apellidos Gómez y León, de 42 y 41 años, respectivamente.
Además de ellos, otras 34 personas —entre las cuales se encuentran cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales— fueron capturadas mediante 47 allanamientos llevados a cabo el pasado martes en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, detalló que la organización utilizaba diversas modalidades para cometer fraudes registrales. Una de las más comunes era la apropiación ilegal de propiedades en desuso, que luego vendían a terceros.
También aprovechaban la desafiliación de personas jurídicas de las sociedades por ley, designando un liquidador para vender propiedades y bienes como fincas, vehículos y autobuses, actuando en nombre de la empresa disuelta.
Zúñiga calificó la operación como crimen organizado y explicó que, durante la investigación, se descubrieron más de 100 propiedades robadas.
La banda contaba con la colaboración de 12 notarios y varios expertos en criptomonedas. Estos especialistas llegaron a transar hasta $13 millones en bitcoines en un solo día, mientras que los notarios facilitaban trámites relacionados con los bienes.
La organización también estaría vinculada con el homicidio de Manuel Álvarez Méndez, un ciudadano español de 77 años que se dedicaba a los negocios de bienes raíces.
Álvarez viajó a Costa Rica en enero del 2018 luego de una alerta de sus abogados, quienes le advirtieron de que sus propiedades eran vendidas sin su permiso, según comentó uno de sus hermanos en aquel entonces. Sin embargo, un mes después, se perdió su rastro.
