El PP y PSOE han cerrado la puerta a que se reforme el sistema de acceso a la carrera judicial, como primero Podemos y ahora Sumar han pretendido hacer, con el acuerdo firmado este martes en Bruselas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El pacto establece una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPG) que incorpora cambios como que los vocales elegirán al presidente del Tribunal Supremo o que no se podrá proponer como miembro del órgano de gobierno de los jueces a aquellos magistrados que hayan estado vinculados con las instituciones públicas en los últimos cinco años para evitar las denominadas “puertas giratorias”.
Con respecto al acceso a la carrera judicial, la proposición de ley orgánica es muy clara: “A estos efectos, se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial y el vigente sistema de formación, acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y la búsqueda de la excelencia”.
Ambas formaciones políticas han zanjado una cuestión que estaba haciendo runrún entre los profesionales del Derecho desde que Sumar anunció que había registrado una proposición de ley para reformar la oposición a juez por un “MIR judicial”.
La propuesta de los socios de Gobierno intenta “terminar con la independencia judicial”, criticaron las asociaciones judiciales, toda vez que advertían de que se corría el riesgo “de perder la objetividad” en el examen.
El pasado 7 de junio, en plena campañas para las elecciones europeas, se registró la norma de Sumar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales donde se exponía las claves de la reforma. La proposición de ley tumbaba el sistema actual por oposición y lo sustituía por un modelo de evaluación continuada, además de modificar el temario, los ejercicios, las prácticas y hasta la Escuela Judicial.
El modelo sugerido involucraba a todas las profesiones jurídicas, desde jueces a fiscales y abogados del Estado. Para eliminar los años de memorización de la oposición, Sumar proponía que al finalizar la Facultad de Derecho, los estudiantes se sometieran a una prueba tipo test para acceder a un máster de dos años de duración.
Una vez finalizado el máster, los estudiantes podían elegir, en función de sus notas, la carrera que prefieran, además de que el título ya les habilitaba para ejercer como abogados.
A partir de ahí, continuarían formándose durante dos cursos más en las Escuelas correspondientes hasta superar un último proceso selectivo que les permitiría entrar en la carrera judicial, fiscal o la profesión deseada.
La reforma acordada de la LOPG también incluye “adecuar” la estructura de la plantilla judicial y fiscal a través de la provisión de 200 plazas nuevas cada año. El objetivo, apuntan las formaciones políticas, es incrementar en 1.000 jueces y fiscales en cinco años para poder hacer frente al aumento de la litigiosidad.
Según los últimos datos del CGPJ, los órganos judiciales españoles registraron durante el primer trimestre de 2024 un total de 1.980.482 asuntos, un 20,8 % más que el año pasado.
El aumento en las plazas también busca paliar el incremento de la justicia interina y las jubilaciones que se van a producir en los próximos años, tal y consta en la “Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales en el año 2022, aprobada por el Pleno de dicho órgano el pasado 19 de julio de 2023”.
