El Gobierno ha abierto una ventana de oportunidad con el PP y no piensa cerrarla. El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras más de cinco años de enquistada negociación, ha supuesto un balón de oxígeno para Moncloa que quiere mantener vivo. Pedro Sánchez ha logrado que su ultimátum surta efecto y que la renovación se produzca antes de que venciera el plazo –a finales del presente mes de junio–, ahorrándose así el coste político de nuevas reformas del Poder Judicial, ya perfiladas y que se perciben con recelos por parte de la UE y de la magistratura. Además, logrando su primer gran pacto con el principal partido de la oposición se reviste de una legitimidad que, hasta ahora, se le había negado por un sector de la derecha por no haber ganado las elecciones. Al tiempo que le permite también desactivar algunos de los argumentos de la crítica feroz que se había dirigido contra él por parte del PP.
En Moncloa están dispuestos a cultivar esta interlocución, porque entienden que el CGPJ abre la espita de toda una serie de organismos pendientes de renovación que se tendrán que abordar en un futuro inmediato. «Hay mimbres», aseguran fuentes gubernamentales. Y el peso, más económico que político, de algunos de ellos –Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, entre otros– permiten visualizar un horizonte de optimismo. Fuentes gubernamentales aclaran que la de Bruselas era una negociación circunscrita únicamente al ámbito judicial, pero muestran su confianza en que se pueda seguir avanzando próximamente por esta senda de acuerdos, para los que el PP también tiene incentivos. Hasta ahora, Moncloa había condicionado cualquier renovación en estos organismos a que se desbloquease el CGPJ. «No puede haber una negociación a la carta», le trasladaron al PP.
El tono que Sánchez desplegó ayer en la sesión de control al Gobierno, en su rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo, anticipa la estrategia que se va a seguir por ambos actores. El presidente no quiso entrar al choque con el líder del PP, consciente de que su partido y sus votantes todavía tienen pendiente la digestión del acuerdo. «Para usted la perra gorda», le dijo Sánchez al líder de la oposición, sin querer entrar a responder la diatriba que este le dedicó previamente, pidiéndole, entre otras cuestiones, la dimisión del Fiscal General del Estado «por sus escándalos, sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia».
Fuentes socialistas encuadran la retórica desplegada por diferentes portavoces del PP y del propio Feijóo –primero en el Congreso y luego en un foro posterior en el que equiparó la situación de España con la de regímenes dictatoriales de Iberoamérica– en «aspavientos para calmar al sector duro del partido». Ese que hasta ahora había presionado para impedir cualquier acuerdo. Se hacen cargo de que Feijóo tiene que hacer sus propios equilibrios y no van a entrar en una escalada verbal que enrarezca el clima proclive al pacto que se ha generado. El líder del PP ha querido dejar claro en las horas posteriores al acuerdo que pactar con el Gobierno no supone una rendición y que mantendrá su línea férrea de oposición a Sánchez.
«No altera la mayoría»
En Moncloa son conscientes de que necesitan al PP para estas cuestiones, pero esto no altera sus alianzas parlamentarias con la mayoría de la investidura, que sostiene a Sánchez en el poder. Aunque algunos de los socios habituales se han revuelto contra el entendimiento de lo que calificaron como «gran coalición», lo cierto es que el Ejecutivo no prevé ninguna alteración en sus interlocutores y ya prepara la siguiente meta volante: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «Esto no altera la mayoría», dicen en Moncloa, asumiendo que la sobreactuación de algunos de sus aliados será puntual y la relación volverá a la normalidad cuando pase esta coyuntura.
«El cumplimiento del mandato constitucional es lo que prevalece siempre. La Constitución obliga a una aprobación por 3/5 y esa mayoría solo se alcanza con el Partido Popular», resuelven fuentes gubernamentales ante las quejas airadas de sus socios habituales. En el Gobierno no creen que esta cuestión vaya a tener afectación en la legislatura y, de hecho, consideran que, el hecho de que el PP se haya avenido a pactar el CGPJ ahora pone de manifiesto que ya albergan la convicción de que el horizonte está despejado de procesos electorales, en los que le pueda penalizar un acuerdo con el Gobierno, pese a que demanden continuamente la celebración de comicios generales. «Si lo creyeran de verdad, no habrían renovado», zanjan.
