La ONG Promsex advierte que, a más de un año del fallo de Camila vs. Perú, el Estado aún no ha cumplido con las medidas de indemnización económica ni con el acceso a estudios, entre otros.
El 13 de junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que el Gobierno peruano vulneró los derechos a la salud y a la vida en el caso de Camila (seudónimo). Sin embargo, a un año del dictamen, el Estado aún no implementa las recomendaciones para reparar las secuelas de Camila, una menor de 13 años que fue abusada por su padre en Apurímac y se le negó acceder a un aborto terapéutico.
Camila no solo fue obligada a continuar con un embarazo que no deseaba ni decidió, sino que el Gobierno inició un intenso proceso legal en su contra por el delito de autoaborto, después de sufrir un aborto espontáneo. La menor fue víctima de violación sexual desde los nueve años y, cuatro años más tarde, tuvo el valor de denunciar a su agresor, su progenitor.
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Las entidades médicas no solo le negaron el acceso al aborto terapéutico, a pesar de ser legal desde hace 100 años en Perú y cuyo protocolo fue aprobado en 2014, sino que comenzaron una investigación contra ella. Es decir, pasó de víctima a victimaria. El caso fue finalmente llevado ante instancias internacionales que emitieron un fallo a favor de la menor, pero las autoridades estatales se niegan a cumplir con las medidas emitidas.
Hace un año, Camila logró un paso histórico para ella y las niñas del Perú, mientras el gobierno avanzaba en pasos diminutos para implementar el fallo. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) ha denunciado en un comunicado la falta de voluntad del Estado sobre el fallo internacional, así como la falta de acción para reparar las violaciones a los derechos de Camila y los insuficientes mecanismos de protección para niñas en circunstancias similares.
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Promsex señala que el Ministerio de Educación se ha negado a otorgarle una beca de estudios, mientras que el Ministerio de Salud se negó a entregarle una indemnización económica, ignorando las recomendaciones dispuestas por la ONU para garantizar que Camila retome su proyecto de vida, estudie y tenga acceso a servicios de salud mental.
"Durante el año pasado, 1,353 niñas se convirtieron en madres, la mayoría de ellas víctimas de abuso sexual. A un año del dictamen brindado por la ONU, es alarmante que el Estado no haya tomado ninguna medida para prevenir que estos casos se repitan", sostuvo Isbelia Ruiz, abogada y coordinadora de Promsex.
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Hasta la fecha, el Gobierno solo ha difundido la versión completa en español, queda pendiente su traducción al quechua, lo cual es importante porque es la lengua natal de la víctima. A continuación un resumen de las 11 recomendaciones emitidas en el Dictamen del CDN de Naciones Unidas:
