La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó una denuncia penal contra 20 exfuncionarios de la institución por una serie de transferencias hechas a la empresa Ad Astra Rocket, de Franklin Chang, entre el 2011 y el 2014 durante la administración de Laura Chinchilla.
Karla Montero, presidenta de Recope, afirmó que la denuncia se presentó por un presunto incumplimiento de deberes, en torno a giros por $2,1 millones sin que la Refinadora tuviera la facultad legal para hacerlo.
Montero explicó que el primer convenio se realizó en el 2011 para investigar y desarrollar el uso del hidrógeno como energía, con un primera aporte de Recope de $300.000, al cual se sumó otro de $1,4 millones en el 2012. Hubo un tercer convenio que permitió, en febrero del 2014, aportar $400.000.
Según la Casa Presidencial, a raíz de una instrucción de la Contraloría General, en aquella época Recope solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las competencias en materia de biocombustibles.
La Procuraduría concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles.
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