El pacto firmado por PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de bloqueo no se diferencia mucho del acuerdo que ya exploraron a finales de 2022. Pero entonces el partido de Alberto Núñez Feijóo se levantó de la mesa alegando que no podían pactar con Pedro Sánchez después de derogar el delito de sedición. Como hace dos años, el texto contempla medidas como la regulación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia, subir el listón para los magistrados que quieran entrar al Supremo o crear una comisión para estudiar posibles cambios en el sistema de elección de vocales.
20 años para ir al Supremo. El acuerdo de 2022 nunca quedó por escrito con la firma de ambos partidos, pero las medidas eran esencialmente las mismas que las que cimientan el acuerdo conocido esta semana para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Es idéntica, por ejemplo, la exigencia de que los aspirantes al Supremo tengan una experiencia de 20 años en ejercicio para poder entrar en el tribunal, una línea roja que en su momento habría dejado fuera, entre otros, a Carlos Lesmes. Las primeras exigencias del PP en 2022, incluso, elevaban ese listón hasta los 25 años.
Nombramientos por mayoría de tres quintos. También es igual la exigencia de que algunos acuerdos del Consejo se alcancen por tres quintas partes del pleno y no por mayoría simple para reforzar la necesidad de acuerdos en la toma de este tipo de decisiones. Afecta tanto al nombramiento de presidencias de audiencias provinciales, que en la actualidad tienen tres decenas de vacantes, y del magistrado del Supremo encargado de supervisar la actividad investigadora del Centro Nacional de Inteligencia.
Estudiar la reforma del sistema. Tampoco es una novedad que se pacte la creación de una comisión en el seno del órgano de gobierno de los jueces para explorar futuras reformas sobre el sistema de elección de los vocales. Desde Europa la exigencia siempre ha sido la misma: que se renueve el CGPJ y que, después, se analicen estos cambios para ajustarse a estándares comunitarios. El acuerdo firmado esta semana por PSOE y PP obliga a que el Consejo, dentro de seis meses, haga “un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos” y una propuesta legal.
Es algo idéntico a lo que postulaba el PP en octubre de 2022 en un documento: “Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España”. Esa proposición de pacto pasaba por encargar “una propuesta de reforma al nuevo CGPJ” a realizar “en un plazo improrrogable de seis meses”, el mismo que se impone ahora.
Las puertas giratorias. La regulación más estricta de las puertas giratorias entre la Justicia y la política, la ida y vuelta de diputados o ministros del Congreso y la Moncloa a los juzgados, también figuraba ya en ese primer acuerdo con algunos puntos formulados de forma diferente o menos específica. En octubre de 2022, por ejemplo, el documento que proponía el PP ya tenía una cláusula para regular casos como el de Dolores Delgado e impedir que puedan ostentar la figura de fiscal general “quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”.
El acuerdo alcanzado esta semana va en la misma línea, siendo más específico en cuanto a los cargos políticos a los que se refiere: ni ministros, ni secretarios de Estado, ni consejeros, ni alcaldes. Tampoco eurodiputados, diputados, senadores o diputados regionales. El nuevo acuerdo añade que el fiscal general tendrá que estar sujeto a las mismas causas de abstención que los jueces y que la última palabra será de la junta de fiscales de sala. Esta misma prohibición de haber ostentado esos mismos cargos políticos se extiende a los vocales del Consejo ya aparecía entre las exigencias del PP en 2022.
También se regula la vuelta de los jueces o magistrados a los tribunales tras ejercer en política. Si han trabajado como cargo público o como cargo de confianza “con rango superior a director general” no podrán volver al servicio activo hasta dos años después de cesar en el cargo. Si solicitan el reingreso, durante esos dos años “quedarán adscritos” al presidente del tribunal más alto de la región donde estuviera ejerciendo antes de entrar en política aunque sin bajarle el sueldo. A finales de 2022 el acuerdo era muy similar y ponía el foco sobre una de sus funciones: no podrían poner sentencias en esos dos años tras su regreso.
Vocales que repiten. Los 12 vocales de procedencia judicial vienen de la misma lista de candidatos que se puso en marcha en 2018 cuando caducó el mandato del actual Consejo. Y esta semana han repetido buena parte de los que ya entonces sonaban como los mejor posicionados por ambos partidos para convertirse en vocales. También cuando en 2022 estuvieron nuevamente cerca del pacto. En cuanto a los ocho juristas, algunos nombres como los de Luis Martín Contreras o Bernardo Fernández se mantienen desde 2018.
Las renuncias. Hay una exigencia de ese documento que no figura en el pacto que finalmente ha firmado el PP con el PSOE de Pedro Sánchez: revertir la prohibición del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras tenga el mandato caducado. “Debe derogarse íntegramente y no solo en lo que respecta al TC”, decían los de Alberto Núñez Feijóo poco antes de levantarse de la mesa por la reforma de la sedición. En el acuerdo dado a conocer esta semana, esa exigencia no aparece.
Las reclamaciones del PP en 2022 también incluían una serie de puntos fundamentales que no figuran en el nuevo pacto suscrito con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Por ejemplo, que la negociación se llevase a cabo en las Cortes Generales, cuando se ha realizado entre los dos principales partidos con la mediación de Europa.
