El abogado defensor de Alejandro Sánchez, Tomás Gálvez, sostuvo firmemente que no hay evidencia que justifique la acusación de su cliente en hechos ilícitos. Es por ello que el ex financista de Pedro Castillo rechaza la idea de una colaboración eficaz con la justicia. Sánchez, quien es dueño de la casa de Sarratea, fue descrito por su abogado como víctima de una persecución injusta.
"Lo que pasa es que él, como me indicó en un primer momento, cuando tomé la defensa, se mantiene en que no ha cometido ningún delito y que es una persecución", dijo para RPP.
En esa misma línea, tal y como comentó en anteriores ocasiones, por tal motivo no puede someterse a la colaboración eficaz, ya que implicaría admitir la comisión de un delito que él viene negando.
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"No obstante, Gálvez planteó que Alejandro Sánchez podría actuar como testigo protegido, ya que aunque conoce ciertas irregularidades, su participación en ellas habría sido nula. 'Alejandro podría ofrecer detalles sobre anomalías observadas, sin haber sido partícipe de ellas, lo que nos orientaría hacia una declaración como testigo protegido', indicó."
Por otro lado, el abogado también refutó cualquier vínculo entre su representado y Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, quien sostiene que hubo una relación casi hostil entre ambos. Según Gálvez, después de que Alejandro descubrió ciertas irregularidades y las comunicó a Castillo, su relación con el expresidente se deterioró.
"Su relación con Pacheco fue conflictiva y distante, casi como enemigos. Tras comunicar las irregularidades a Castillo, Alejandro se distanció de él y afirma no haber estado nunca en la casa de Asia, como se ha especulado", concluyó Gálvez.
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El último lunes 24 de junio, Alejandro Sánchez, empresario y propietario de la casa en el jirón Sarratea, fue recluido en el establecimiento penitenciario de Huaral tras ser deportado de Estados Unidos el 21 de junio.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Sánchez será clasificado y luego trasladado a un penal correspondiente para cumplir con la prisión preventiva de 30 meses dictada en su contra. Esta medida se enmarca en las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo desde 2021.
Cabe destacar que Sánchez está vinculado a una presunta red criminal acusada de realizar actos ilícitos como tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado peruano. El 20 de junio, Sánchez, ex financista de la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo, llegó al país en un vuelo chárter junto a otras 150 personas deportadas desde Estados Unidos.
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El empresario, originario de Chota, Cajamarca, es el propietario de la casa ubicada en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña. En esta residencia se realizaron reuniones entre Pedro Castillo, funcionarios, empresarios y familiares. Estas reuniones motivaron una investigación de la Comisión de Fiscalización al expresidente, ya que se consideró que vulneraban los principios de transparencia propios de la máxima autoridad del Estado. Sánchez no solo era amigo de Castillo, sino también uno de los financistas de su campaña electoral.
La Fiscalía de la Nación inició una investigación contra Alejandro Segundo Sánchez por el presunto delito de tráfico de influencias, en el contexto de las investigaciones sobre la organización criminal que supuestamente lideraba Pedro Castillo. A pesar de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó 30 meses de prisión preventiva en su contra, el propietario de la vivienda en Breña había rechazado entregarse a la justicia.
