El arzobispo de Burgos, España, solicitó el lunes a diez monjas clarisas excomulgadas que abandonen su convento y anunció la posibilidad de tomar acciones legales si no se retiran en un “plazo prudencial”.
Monseñor Mario Iceta explicó en una conferencia de prensa que las religiosas, al ser excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, no tienen derecho legal para permanecer en el convento de Santa Clara, ubicado en Belorado. “Deberán abandonar el monasterio y sus dependencias”, afirmó Iceta dos días después de la excomunión oficial.
El arzobispo advirtió que si las monjas no salen voluntariamente, el Arzobispado iniciará acciones legales. “No hemos establecido un plazo fijo, queremos ser respetuosos y confiamos en que entenderán que, al no ser ya religiosas, no deben estar en ese lugar”, agregó. “No son monjas, son exmonjas. ¿Y qué hacen unas exmonjas en un convento de clausura?”.
Las monjas, que residen en un convento del siglo XV en un pueblo de 1.800 habitantes a 50 kilómetros de Burgos, ya contrataron a un equipo jurídico para negociar una solución pacífica con el Arzobispado, buscando el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales. Según el medio español El País, el conflicto se originó cuando decidieron, a mediados de mayo, abandonar la Iglesia y seguir a Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un sacerdote excomulgado.
Pablo de Rojas, fundador de la Pía Unión de San Pablo Apóstol y expulsado de la Iglesia católica en 2019, se adhiere al “sedevacantismo”, movimiento que rechaza la legitimidad de todos los papas desde Pío XII. El arzobispo de Burgos afirmó que él y otra persona no identificada han estado en el convento aproximadamente un mes.
El conflicto se exacerbó tras la anulación de la compra de un convento en el País Vasco en 2020. Las monjas habían llegado a un acuerdo con el obispado de Vitoria para adquirir el convento de Orduña, pero la venta fue bloqueada desde Roma. Las religiosas acusan a la jerarquía de la Iglesia de perseguirlas.
A principios de junio, el arzobispo de Burgos, actuando por solicitud del Vaticano, envió representantes con un agente judicial para exigir las llaves del convento, pero no lograron obtenerlas.
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