La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha manifestado su profunda «preocupación y desacuerdo» con el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo , Yolanda Díaz , de imponer la reducción de la jornada laboral, así como «otras medidas laborales que perjudican al sector zapatero», cuyo grueso de la actividad se concentra en la provincia de Alicante . FICE denuncia que «estas medidas atentan contra el diálogo social, ya que han sido tomadas sin el consenso adecuado con los agentes sociales y suponen una carga adicional para las empresas del sector calzado, acentuando la pérdida de competitividad en un ámbito globalizado y altamente exportador». Además, la patronal recuerda que en la actualidad rige un convenio que fue fruto del diálogo social tras un año de negociaciones con los sindicatos y que está vigente hasta final de 2025. Entre los cambios legislativos propuestos «figura la entrada en vigor desde el día siguiente a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado de la reducción de la jornada a 38,5 horas, algo que las empresas tendrán que aplicar de forma inmediata, y que a partir de enero del próximo año pasará a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual«. La patronal del calzado lamenta que «no se contempla ningún tipo de flexibilidad en función de los sectores o las empresas, tal y como habían pedido las patronales, caso de FICE, para intentar así obligarles a hacer contrapropuestas y negociar mejoras a este punto de partida». FICE defiende que «no se puede fijar una jornada semanal máxima como pretende la vicepresidenta Yolanda Díaz sino tener el cuenta el cómputo anual». La patronal considera que no tiene sentido ahora fijar una jornada laboral máxima a la semana, lo que se traduciría en una merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones de producción, haciéndolas mucho menos competitivas. Adicionalmente, «las medidas propuestas por el Gobierno incluyen el incremento en las contribuciones a la Seguridad Social para ciertas categorías de trabajadores, lo que impone una carga adicional directamente sobre las empresas». También se incluye la obligación de mantener los niveles de empleo. Las empresas deberán garantizar que no habrá reducción de plantilla como consecuencia directa de la implementación de la nueva jornada laboral, lo que «limita aún más su capacidad de gestión y adaptación a las nuevas condiciones». Además, abundan las empresas zapateras , «se contempla el reforzamiento de los controles y sanciones: mayor vigilancia y sanciones para las empresas que no cumplan con la nueva normativa laboral, aumentando aún más los costos asociados a su cumplimiento». Desde la patronal del ramo denuncian que «las medidas planteadas sin un verdadero diálogo solo generan incertidumbre y aumentan los costos para las empresas». El sector del calzado , con su intensiva mano de obra y dependencia de mercados internacionales, «se verá gravemente afectado». «Esta imposición, combinada con la falta de medidas compensatorias adecuadas, lleva a un inevitable aumento de los costes de producción. Esto, a su vez, repercutirá en los precios ofrecidos a los clientes y podría resultar en el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo en regiones que dependen de esta industria», denuncia la patronal FICE. Mientras, recuerdan las mismas fuentes, «la ministra de Trabajo ha avisado de que, en caso de que la patronal no mueva ficha antes del próximo lunes pactará con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial». Las asociaciones empresariales, incluyendo FICE, insisten en la necesidad de flexibilidad y un verdadero diálogo social. Siguiendo el ejemplo de la CEOE , que establece 2026 como una fecha más viable para poner en marcha estas medidas, ya que resulta «crucial que el Gobierno considere la realidad del sector y su capacidad de adaptación». FICE aboga por un diálogo constructivo que permita un marco laboral sostenible y que «no comprometa la competitividad ni la supervivencia de las empresas». Advierten sobre el previsible deterioro sectorial que esta medida pueda acarrear en el segundo semestre del año. «Estamos ante una coyuntura que exige reflexión y consenso para evitar un impacto negativo mayor en nuestra industria y en todos los trabajadores que dependen de ella», aseguran desde la patronal del calzado.
