Los nuevos vocales afrontan la renovación de nombramientos clave en la cúpula judicial y una modificación legal a la que el Gobierno se resiste
Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tendrán tiempo de tomarse un respiro cuando asuman sus cargos. El retraso de más de cinco años en la renovación y, sobre todo, la reforma legal que desde marzo de 2021 ha imposibilitado al Consejo cubrir las vacantes judiciales ha disparado el número de nombramientos pendientes, que en la actualidad rozan el centenar, 25 de ellos (que serán 27) en el Tribunal Supremo (TS), que ha padecido con especial incidencia esa acumulación de plazas judiciales sin cubrir -sobre todo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, hasta el punto de tener vacantes un tercio de las plazas de su plantilla.
Los 25 del Supremo serán 27 con la salida del tribunal de los magistrados Ángel Arozamena y José Antonio Montero, que darán el salto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al CGPJ al estar en la terna de veinte candidatos pactada por PSOE y PP, lo que según fuentes del CGPJ elevará a 99 el número total de vacantes en la jurisdicción ordinaria, a las que hay que añadir otras 27 en la jurisdicción militar.
Así las cosas, cuando se oficialice el adiós de ambos magistrados, en la Sala Tercera habrá 14 vacantes en una plantilla de 33; seis de 13 en la Sala de lo Social; tres de diez en la Sala Civil; tres de ocho en la Sala Militar; y una en la Sala Penal. Por designar están tres presidencias de Sala (Civil, Contencioso y Social).
En la Sala Penal, la menos afectada de alto tribunal por el bloqueo de los nombramientos, la plaza pendiente de asignar es la que quedó vacante tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, aunque lo previsible es que la asuma la magistrada Susana Polo, que se incorporó a la Sala tras la elección de Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado en 2018 y que tras su vuelta permaneció en la Sala Segunda en situación de adscrita. Polo es la instructora del "caso Tsunami Democràtic" en el Supremo y tiene que decidir si aplica la amnistía a Carles Puigdemont, investigado por terrorismo, como reclama la Fiscalía.
El mayor número de vacantes se acumulan en los tribunales superiores de justicia (41), seguidos de las audiencia provinciales (30). En los TSJ el futuro Consejo tendrá que designar a ocho presidentes de tribunales superiores, 26 presidentes de Sala y seis magistrados de la Sala Civil y Penal (correspondientes a la terna autonómica).
La jurisdicción militar suma otras 30 plazas por asignar y la Audiencia Nacional, según esas mismas fuentes, una más, la presidencia de la Sala de lo Penal, un puesto clave en el organigrama judicial del tribunal especializado en terrorismo y delitos económicos y de corrupción que está vacante desde octubre de 2021, cuando Concepción Espejel fue elegida magistrada del Tribunal Constitucional (TC). A la que se añadirá el próximo 2 de agosto la presidencia de la Audiencia Nacional, que actualmente ostenta José Ramón Navarro.
En total, 100 nombramientos en manos del CGPJ. El procedimiento para ir cubriendo esas vacantes, que requiere de la evaluación individualizada de los candidatos, llevará meses, pero durante sus cinco años de mandato, el CGPJ tendrá que hacer frente, según las fuentes consultadas, a la jubilación de otro tercio de la plantilla del Supremo, por lo que los futuros vocales tendrán en sus manos la elección de casi un 70% de los magistrados del alto tribunal.
Tal y como apuntó en su día a LA RAZÓN el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, este Consejo "va a tener que elegir la línea jurisprudencial de los próximos veinte años en España".
El acuerdo entre PSOE y PP que ha desencallado el relevo en el CGPJ impone la obligación de que esos nombramientos se lleven a cabo por mayoría reforzada de 3/5 y que sean los nuevos vocales los que elijan al futuro presidente del Tribunal Supremo por un mínimo de doce votos a favor y sin que los candidatos vengan con el aval de los partidos políticos.
En ese maratón de nombramientos que espera al futuro Consejo General del Poder Judicial, los vocales tendrán que designar, entre otros, a los presidentes los tribunales superiores de justicia de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y La Rioja. En cuanto a las audiencias provinciales, las últimas presidencias en quedar vacantes han sido las de Palencia, Jaén, Asturias y Castellón.
Pero, además, el acuerdo encomienda a los vocales la elaboración, en un plazo de seis meses, del anteproyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y modificar el sistema de elección, para otorgar mayor protagonismo a la carrera judicial en la designación de los doce vocales del cupo judicial, en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Sobre este cometido, capital para que el acuerdo finalmente fructificase -era una de las líneas rojas del PP en la negociación- todo queda a expensas de que primero el CGPJ, por mayoría de 3/5, y luego las Cortes, avalen esa modificación del sistema de elección, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado en todo momento renuente. Fuentes del actual Consejo, de hecho, se muestran reticentes sobre la posibilidad de que esta reforma se lleve a cabo con la actual configuración parlamentaria, precisamente por las dudas que genera que finalmente el PSOE se avenga a dejar en manos de los jueces la elección de doce de los veinte vocales en futuras renovaciones.
